El fiscal general, Arturo Peniche Espejel, precisó que al momento hay cinco carpetas de investigación relacionadas con los bloqueos a casetas de peaje en el estado, ocurridos a lo largo del mes de enero, como reacción social al aumento del precio de la gasolina y el diesel.
Informó que el Ministerio Público tiene autonomía para actuar y serán ellos quienes completen los requisitos legales necesarios, para solicitar las posibles detenciones de manifestantes con base en la constancia de evidencias.
Serán los agentes del MP quienes tipifiquen el delito en específico, mas estará relacionado únicamente con “el impedimento a la autoridad de llevar a cabo la acción recaudatoria, pero no a la protesta ni a la libre manifestación de las ideas”.
“Estamos convencidos de que hay que seguir siempre respetando esos principios legales, de que la gente puede manifestarse y expresarse libremente, pero en lo que no estamos de acuerdo, es en que se limite el ejercicio público, porque es en beneficio de todos”, puntualizó.
Describió que de los 30 manifestantes, detenidos inicialmente, tres fueron absueltos en el proceso y sólo 27 habían quedado arrestados, de tal manera que esta última fue la cantidad exacta en ser liberados.
“La premisa es siempre privilegiar el diálogo, solo cuando se agoten y haya una cerrazón del grupo, actuaremos con la fuerza pública. Al momento tiene que revisarse el expediente y establecerse con detalle, cuáles son las consecuencias legales y en su momento el MP tendrá que emitir su resolución”, advirtió Peniche.
Sobre otro tema, el fiscal, criticó la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al conceder un amparo para la libertad de uno de los involucrados en el asesinato de los hermanos Alfredo David y Alejandro Páramo González, en 2013, al considerar que “abre de nuevo la puerta giratoria” del código penal.
Fue el Segundo Tribunal Colegiado, quien concedió un amparo a Ramón Enrique De la Rosa Armendáriz, a pesar de sumar tres sentencias condenatorias previas, bajo el argumento de que su proceso carecía de mayores pruebas circunstanciales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al respecto, Arturo Peniche, declaró que “estamos revisando con mucho detalle la resolución, tanto de las autoridades de los jueces que habían dictado ya una sentencia condenatoria, incluso del recurso de casación, y ahorita la del Colegiado; pero en definitiva, la Fiscalía no está conforme con esa resolución, porque consideramos que hay elementos suficientes para que se dictara y ratificara la sentencia”.
“Estamos convencidos de que efectivamente, en una ocasión más, hay un culpable en las calles, y tenemos que trabajar mucho con el poder judicial federal y el local, para que en los conversatorios podamos establecer y definir cuáles son los criterios y mecanismos de aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales”, lamentó el fiscal.
