“El Poder Judicial lamenta el hecho de violencia en el que perdió la vida una periodista y estará listo para que inmediatamente después de concluidas las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado, aplicar el rigor de la ley que establecen las
disposiciones normativas en los casos de homicidio”, expresó el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Julio César Jiménez Castro.

Lo anterior ante el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, por lo que, cuestionado por diversos medios de comunicación, agregó que el trabajo periodístico no puede ser un factor determinante para el ataque en contra de las personas, “creo que de ninguna manera se puede permitir una situación como la que ha sucedido esta
mañana que conmociona completamente a la sociedad en general”.

“Para nosotros eso significa un hecho reprochable, muy lamentable que no debiera suceder en nuestra sociedad, porque nadie tiene derecho a atacar a ninguna persona y mucho menos privarlas de la vida”.

Agregó que esta situación pone en evidencia la falta de proyección a periodistas, por lo que el Magistrado comentó, “tenemos que estar en condiciones de actuar en las mesas de trabajo para que se establezca la reglamentación correspondiente”.

El Presidente del TSJ, agregó que las instituciones de gobierno, y el TSJ, deberán darle seguimiento a las mesas de trabajo que se han llevado a cabo en el Congreso del Estado para que se establezca la reglamentación especial sobre la protección de periodistas.

“El Poder Judicial ha participado de manera conjunta con el Congreso del Estado en donde se está trabajando en establecer una regulación especial para la protección de periodistas y por parte del TSJ se ha designado a personal capacitado en el tema para que participen con ideas y propuestas para la creación de normas que protejan la vida de todos los periodistas”.

Por último el Magistrado Presidente envió sus condolencias a familiares de la periodista Miroslava Breach y reiteró la postura del Tribunal Superior de Justicia para aplicar la sanción correspondiente a quien ó quienes resulten responsables de los
hechos en mención, una vez concluidas las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.