La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a la empresa Bi&Di Reale Estate de México, por un monto de 6.6 millones de pesos, tras encontrarla responsable de remover vegetación forestal en predios del Malecón Cancún Tajamar.

Cabe recordar que justamente con el caso Bi&Di, la dependencia informó que esta sanción es resultado de los procedimientos en materia de Impacto Ambiental y Forestal contra la desarrolladora, tras no poder acreditar con las respectivas autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) las obras de desmonte de vegetación en Malecón Tajamar durante junio del 2015.

La Profepa informó que hizo visitas de inspección a los terrenos en Malecón Cancún Tajamar, a cargo de la empresa Bi&Di, donde constató que se encontraban desprovistos de vegetación y rellenos con material pétreo.

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y con objeto de reparar el daño ambiental causado por dicha empresa inmobiliaria, además de la multa Profepa impuso medidas correctivas, entre las que destaca la restauración de la superficie afectada por la remoción de la vegetación forestal.

En caso de que la desarrolladora no obtenga las nuevas autorizaciones federales en las que se ordene la compensación ambiental, la empresa tendrá la obligación de restaurar 7.2 hectáreas en los terrenos afectados por la empresa, adelantó la dependencia.

Finalmente, la Profepa anunció que pondrá las resoluciones sancionatorias a disposición de ciudadanos y organizaciones sociales miembros de la comunidad, que se constituyeron como denunciantes populares, para su consulta.

Antecedentes

Entre el 2010 y el 2011, la empresa Bi&Di de origen italiano, demandó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por presunto fraude tras comprarle terrenos en Playa Delfines, mejor conocida como El Mirador en Cancún, que carecían de los usos de suelo compatibles con el proyecto que en ese tiempo la empresa pretendía construir en la zona hotelera.

La empresa italiana compró cinco lotes en El Mirador con la intención de edificar dos torres de 20 pisos para uso residencial. Dos de esos lotes fueron ofrecidos por Fonatur con un uso de suelo turístico-hotelero que en realidad nunca tuvieron asignado, lo cual hacía incompatibles esos predios con el proyecto de la firma italiana.

La venta de los predios en el 2005 sucedió bajo la gestión de John McCarthy al frente de Fonatur, en el sexenio de Vicente Fox Quezada. Desde que se conoció la intención de construir sobre la duna costera en la llamada última ventana al mar de Cancún se generó en el 2007 un movimiento ciudadano de repudio que durante la administración municipal de Francisco Alor Quezada obligó suspender la intención de otorgarle los cambios de uso de suelo que necesitaban para arrancar la obra. El proyecto implicaba reducir de 1 kilómetro a sólo 40 metros la playa pública Delfines, también conocida como El Mirador.

Además de los usos de suelo se necesitaba el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues el predio colinda con las ruinas de El Rey.

Intento tras intento de las administraciones municipales por cambiar los usos de suelo, el problema se mantuvo en stand by hasta finales del 2010 en que durante la recta final del presidente municipal suplente, Jaime Hernández Zaragoza, se sometió a consulta pública un paquete de ocho proyectos de cambios de uso de suelo entre los que se incluía el Bi&Di.

Dicha consulta arrojó un repudio generalizado al proyecto, cancelando toda posibilidad del cambio de uso de suelo que Bi&Di necesitaba para poder construir sus torres. Fue entonces que inició un pleito legal por fraude en contra del Fonatur.

Debido a ese escándalo, en el 2013, Fonatur tuvo que otorgarles en permuta 10 terrenos en Malecón Tajamar, donde en julio del 2015 pretendieron iniciar la construcción de un centro comercial con oficinas y estacionamiento. Las obras que pretendió iniciar Bi&Di fueron el origen del movimiento de ciudadano en defensa del manglar, pues se difundió ampliamente en redes sociales el desmonte de vegetación que fue suspendido “temporalmente” por Profepa a la semana de iniciados los trabajos por la presión de la ciudadanía.











(El Economista)