El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá ordenó formalmente la prisión preventiva del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, hasta que la Cancillería de aquel país centroamericano se pronuncie sobre la extradición a México.

Al celebrar una segunda audiencia este miércoles en ante la Sala 1 del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal, el fiscal superior de Asuntos Internacionales de Panamá, José Candanedo, informó que los magistrados rechazaron la petición de la defensa de Roberto Borge para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por el pago de una fianza.

Añadió que el Tribunal también concedió a la Fiscalía de Panamá que pueda aplicar un plazo judicial de 60 días para que la Cancillería de ese país se pronuncie sobre la extradición de Borge.

José Candanedo expuso que ya no habrá una audiencia judicial más en este caso, sino hasta que haya un pronunciamiento por parte de la cancillería del país centroamericano.

El proceso

La extradición del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge Ángulo, es casi segura, una vez que las razones por las cuales podría suspenderse dicho proceso están casi descartadas afirmó Alberto Nava, especialista en procesos de extradición por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

La Cancillería panameña decidirá, con “previa opinión de los tribunales”, sobre la extradición del exgobernador en los siguientes 60 días.

Las razones por las cuales podría suspenderse dicha extradición se precisan en el tratado en la materia que tienen Panamá y México. Una de las excepciones más fuertes por las cuales no podría ser extraditado, agregó el investigador, es “ser perseguido políticamente, lo cual no ocurre por una razón básica, la presidencia actualmente la tiene una persona del mismo partido de Borge”.

Los delitos que se le imputan tienen que ver más “con el índole patrimonial, que por sus ideas”, añadió, al tiempo que dijo que a su llegada a México pasaría un proceso similar al que atravesó recientemente el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Por otra parte, José de Fernández de Cevallos, jurista especializado en corrupción, señaló la importancia que se le debe dar a la capacitación y contratación de personal en materia de corrupción y extradiciones al interior de la Procuraduría General de la República.

No obstante, aseveró que la contratación de este tipo de personal será difícil hasta que se nombre a un fiscal anticorrupción. Fernández concluyó que es de primera importancia tomar en cuenta este punto ya que de no ser así se pueden repetir escenas como la de la primera audiencia de Duarte, en donde las autoridades cometieron errores al presentar en principio el caso.












(El Economista)