A pesar de que el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía señaló que dos de las empresas de Rafael Márquez -Grupo Terapéutico Hormaral y Prosport and Health- habían sido aseguradas, durante un recorrido que realizó este medio de comunicación se comprobó que ambas operaron con normalidad.

Mientras los locatarios vecinos mencionaron que en ningún momento del día acudió alguna autoridad para realizar cateos o inspecciones, los empleados de estos espacios sólo comentaron que no estaban autorizados para hablar sobre el tema.

“Estuvimos aquí todo el día y nunca llegó nadie. Nosotros también estábamos esperando a que pasara algo o llegaran las patrullas, pero no, todo ha estado muy tranquilo y la gente sigue llegando como siempre”, dijo una de las comerciantes de los alrededores de Prosport and Health.

De acuerdo con el Gobierno federal, ambos establecimientos serían asegurados para que un agente del Ministerio Público realizara las investigaciones correspondientes al estar relacionados con hechos catalogados como delitos previstos en el Artículo 400-Bis del Código Penal Federal.

Este documento establece castigos de hasta 15 años de prisión y multas de hasta cinco mil días de salario a las personas que, con conocimiento, adquieran, enajenen, administren, custodien, posean -entre otras acciones- recursos que provengan de una actividad ilícita o sean producto de ella.

El pasado 8 de agosto, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 42 negocios que el Departamento del Tesoro vinculó a la red de narcotráfico de Raúl Flores Hernández. De estas: 32 se encuentran en Guadalajara, nueve en Zapopan y una en Puerto Vallarta.

Por estos hechos, se llevó un cateo en el Grand Casino, ubicado en la colonia La Calma, en Zapopan, y la Procuraduría General de la República (PGR) informó por escrito que inició una investigación.

EL LEGISLADOR EXPLICÓ QUE NO FIRMÓ NINGÚN ACTA CONSTITUTIVA QUE LO RELACIONE

Carlos Lomelí se desvincula de negocio fichado

Carlos Lomelí, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que no incluyó en su declaración #3de3 a la empresa Servicios Educativos y de Negocios, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de la red de lavado de la organización del narcotraficante Raúl Flores Hernández, pues “no la tenía en el radar”.

En una entrevista con un medio nacional, el legislador explicó que en 2009 uno de los socios de Once México, proyecto para vincular a niños y jóvenes con la educación y el deporte, preguntó a los socios (entre los que estaban Rafael Márquez y Mauricio Heredia) si deseaban participar en la compra de unidades para transportar a los beneficiados.

Sin embargo, aunque aseguró que aceptó, dijo que no recuerda haber firmado un acta constitutiva.

“Ya lo están checando mis abogados. No recuerdo haber firmado, pero sí verbalmente fuimos invitados a constituirla y se pusieron mil pesos por gente de las que aparecen en el acta con la única intención de comprar unidades para el transporte de los niños. Nunca se llevó a cabo o por lo menos de eso nunca me enteré”.

El empresario afirmó que al futbolista sólo lo vio en una o dos ocasiones: “Si acaso tuve una reunión o dos con Rafa Márquez en el asunto del consejo. Él casi no asistía, más bien era Mauricio Heredia”.

FUNCIONARIOS CONFIRMARON QUE FLORES FUE VISITADO POR AGENTES DE LA DEA A QUIENES LES HABLÓ DE ESTAS RELACIONES

Presunto líder del narco deslindó al futbolista y al cantante

Tras ser detenido el 20 de julio, Raúl Flores fue visitado en el Reclusorio Sur por agentes de la DEA, con quienes habló sobre su amistad y negocios con el futbolista Rafael Márquez, según confirmaron funcionarios de alto nivel al diario Milenio.

Explican que en estos encuentros el capo nunca identificó a Márquez o a Julión Álvarez como prestanombres de su red de narcotráfico, la cual fue señalada el miércoles por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Estos señalamientos no fueron hechos ante las autoridades mexicanas y hacían referencia a los negocios con ambos personajes y la amistad que entabló con Márquez durante muchos años.

Flores Hernández incluso les aclaró que sus socios desconocían las actividades criminales que realizaba; mientras que con el cantante el vínculo se mantenía a través de sus contadores, quienes también desconocían que su socio era narcotraficante.

Trasladado al Altiplano

Raúl Flores fue trasladado del Reclusorio sur al penal de máxima seguridad del Altiplano la madrugada del jueves, mientras se resuelve el proceso de extradición a Estados Unidos.

Flores es requerido por la Corte Federal de Columbia, Estados Unidos, por el delito de asociación delictuosa al distribuir toneladas de cocaína en esa nación.

Autoridades de la Ciudad de México solicitaron el traslado de Flores Hernández a un penal federal debido al nivel de peligrosidad.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que Flores actuaba de forma independiente, pero mantenía alianzas estratégicas con el cártel de Sinaloa y el Nueva Generación, así como en Sudamérica.

DEBEN BUSCAR AYUDA LEGAL EN EU

Prevén proceso difícil para involucrados

Para Jason Kalafat, abogado especialista en casos como los que enfrentan Rafael Márquez y Julión Álvarez, el cantante y el futbolista pueden enfrentar consecuencias “graves e inmediatas.

Por ejemplo, en el caso del futbolista, resaltó que su equipo podría tener problemas si, al tener patrocinadores en Estados Unidos, usa esos recursos para pagarle al mexicano.

“No tiene los mismos derechos que un ciudadano estadounidense. No tienen que explicarle la evidencia o por qué creen que estaba involucrado. Sabemos que hubo una investigación de varios años y sabemos las acusaciones acerca de sus vínculos, pero no le tienen que mostrar los detalles”.

El experto explicó que los señalados deben buscar asistencia legal en Estados Unidos y pedir formalmente a la OFAC que quite sus nombres.

Kalafat destacó que incluso si aportan pruebas de su inocencia es “extremadamente improbable” que el Departamento del Tesoro los retire de la lista.

En el caso de que la institución niegue estas solicitudes, deberán recurrir a una corte federal en Estados Unidos. El proceso puede tardar, cuando menos, un año.

“La OFAC no actúa rápidamente en general. Se coordina con otras agencias de Gobierno, así que para que cambien una decisión, tendría que haber circunstancias extremamente inusuales que involucrarían muchas agencias e individuos”.

PROCEDIMIENTO

Los escenarios

Al no ser ciudadanos de Estados Unidos, los acusados por la OFAC:
• No tienen los mismos derechos a un debido proceso.
• No tienen por qué explicarles la evidencia en su contra.
• No hay un periodo de tiempo para que reciban respuesta en caso de apelación.

El proceso para ser removido de la lista conlleva:
• Presentar una petición formal a la OFAC.
• Aportar mayores pruebas si son requeridas.
• Si el OFAC niega la petición, deben dirigirse a una corte federal de Estados Unidos.

En caso de no lograr la remoción pueden:
• Demostrar que han roto los vínculos con las personas al centro de la investigación.
• Colaborar con la justicia de Estados Unidos.














(Informador)