El Gobierno español asumió la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir la celebración del referéndum independentista, lo que no supone que se retire competencia alguna a la Policía autonómica de esa región española (Mossos d'Esquadra), informaron hoy fuentes oficiales.

La decisión se tomó a petición del fiscal después de que esta semana una multitud se concentrara en las calles para protestar por las detenciones de diversos cargos públicos del Gobierno catalán y de que el Ministerio del Interior anunciara al Ejecutivo catalán el envío de más policías y guardias civiles para apoyar a los Mossos a mantener el orden público.

Con esta orden, el Ministerio de Interior asume la coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos.

En lo esencial, agregan las fuentes, el mecanismo de coordinación acordado es el mismo por el que a los Mossos se les encomendó las actuaciones posteriores a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto.

Las fuentes recuerdan que la ley española contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público en apoyo de los Mossos, como ya lo comunicó el Ministerio español de Interior a las autoridades catalanes para justificar el envío a Cataluña de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil.

El ejercicio de esta función corresponde con carácter prioritario a los Mossos pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, "bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes".

Las manifestaciones en Barcelona a favor del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, han aumentado desde el pasado día 20, cuando la Guardia Civil, por orden judicial, detuvo a catorce personas, entre ellas altos cargos del Gobierno regional de Cataluña, por participar en la organización de esa consulta.

Ese día, miles de personas se concentraron ante la Consejería de Economía del Ejecutivo catalán para protestar por la detención de altos cargos de este departamento, atacaron los coches de la Guardia civil e impidieron durante horas la salida de los agentes del edificio donde realizaban registros.

Durante los dos días siguientes, una multitud se concentró ante los juzgados donde declararon los arrestados, para protestar por la actuación judicial.














(Excelsior)