El proyecto consiste en la incorporación de un sistema de tabletas y monitoreo en línea de los viajes realizados por las unidades oficiales, la incorporación de un botón de pánico tanto para pasajeros y conductores, así como seguros contra accidentes y robos.

Ya está instalada en aproximadamente 1,250 taxis de la Ciudad de México y se estima que para 2018 el sistema opere en más de 138,000 unidades registradas en la capital.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que las tarifas actuales de 8.74 para banderazo y 13.10 en sitio no serán modificadas por la adición de esta tecnología.

Agregó que el costo de inversión de este proyecto es de 565 millones de pesos (mdp), los cuales serán recuperables con las tarifas actuales.

La licitación del sistema L1BRE generó controversia entre los taxistas, pues generó dudas sobre cómo se otorgó. En mayo de 2016, la Semovi publicó los requisitos y un mes después la concesión fue dada a la compañía Lusad, propiedad del cubano-estadounidense Felice Gorordo, pues fue el único negocio con presencia en el concurso.

L1BRE pudo concretarse gracias a la intervención del empresario Eduardo Zayas Dueñas, directivo de la empresa, y a la negociación realizada por Iñaki Negrete González y Santiago León con Semovi. Dichas pláticas con la dependencia se debieron a que un tribunal federal había catalogado de ilegal el plan del gobierno capitalino para reemplazar los taximetros con tabletas.

Negrete González fue señalado como uno de los principales prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Los taxistas también criticaron que el proyecto planteaba un cobro de 12 pesos, más impuestos, por viaje durante los primeros tres años y, pasado ese tiempo, a los trabajadores se le cobraría una cuota fija de 8.3% por tarifa para tener este beneficio de la Semovi.


(Expansión)