La violencia en contra de periodista es una crisis que México ha enfrentado por más de una década, la cual requiere del redoble de esfuerzos, concluyeron dos expertos de la ONU y la CIDH luego de una misión oficial de una semana para examinar la libertad de expresión en el país.
David Kayne y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre la libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), observaron que, a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, la impunidad e inseguridad persisten.
En este contexto, instaron al gobierno a incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que se han establecido para proveer de protección y transparencia.
En conferencia para presentar los resultados preliminares de su misión, asimismo exhibieron la necesidad de contar con una legislación que regule la práctica de publicidad gubernamental, ello, especialmente de cara a las elecciones del 2018, año en que habrá elecciones federales, estatales y locales.
Durante su misión, los Relatores Especiales se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil.
Los Relatores también dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por sus predecesores en 2010 y evaluaron el progreso de las mismas, encontrándose con autoridades de alto nivel, federales y estatales en la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.
Edison Lanza observó que, pese a la creación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); la situación de violencia en contra de reporteros y medios de comunicación se ha recrudecido, en particular en los últimos dos años.
Ante ello, recomendaron, además de fortalecer estas instituciones, establecer un programa de participación de expertos externos dirigido a asesorar y capacitar a los investigadores de la FEADLE.
(El Economista)
