A un día de ocurrido el asesinato del reportero Gumaro Pérez Aguilando, la Fiscalía General de Veracruz (FGV), vinculó el hecho a la presunta pertenencia del periodista a un grupo criminal radicado al sur de la entidad.

Antes, mediante un comunicado, la FGV, descartó que Pérez Aguilando realizara labores de comunicación al afirmar que “no existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo”.

Según la dependencia veracruzana, el trabajo de personal pericial, ministerial y el fiscal especializado tiende a acreditar que el reportero asesinado en Acayucan “colaboraba en actividades ilícitas de un grupo delictivo de la delincuencia organizada”.

“Lo anterior se robustece mediante la extracción pericial de datos, imágenes y conversaciones obtenidas a partir de su aparato telefónico móvil, al cual se tuvo acceso mediando toda formalidad de ley”, aseguró.

La premura con la que la dependencia reportó avances en la investigación, contrasta con los otros dos homicidios de periodistas ocurridos en Veracruz -Ricardo Monlui (marzo) y Cándido Ríos (agosto)- donde a la fecha no se han dado a conocer avances de las pesquisas.

El anuncio ocurre un día después del crimen, fecha en la coincidentemente Reporteros sin Fronteras (RSF) presentó su balance anual de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo.

Con este asesinato México alcanzó en la primera posición a Siria, con 12 crímenes contra periodistas, y ubica al 2017 como el año más letal para la prensa durante la administración de Enrique Peña Nieto, rompiendo además el récord histórico desde el 2000 a la fecha, superando la cifra máxima de 11 homicidios registrada en 2016.

La fiscalía veracruzana aseguró que Pérez Aguilando en la actualidad no laboraba en ningún medio de comunicación, versión que aseguró confirmó su esposa, sin embargo medios locales difundieron una entrevista con su cónyuge en la que da cuenta de haberle incluso pedido al periodista que se dedicara a otra cosa debido a la inseguridad en contra del gremio en el estado.

Incluso, el mismo día del asesinato, la titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, confirmó que el reportero desde 2015 pertenecía al Programa de Cobertura Segura.

En tanto PEN México y PEN San Miguel de Allende hicieron un “enérgico” llamado a las autoridades estatales y federales para que la protección a los periodistas “no sea una simple promesa”.

“El gobierno, en todos sus niveles, deberá asegurar que los programas de protección a sus periodistas funcionen y garanticen el derecho a la libre expresión”, destacó.











(El Economista)