El fallido aspirante a la candidatura presidencial por el PRI lleva más de cinco años al frente de una dependencia que se reformó a su llegada –convertida en una “súper Secretaría”– para concentrar las tareas de seguridad interior del país.
Especialistas en derecho y analistas de seguridad ven que el regreso de Osorio Chong al Congreso de la Unión es un pago para que apoye a José Antonio Meade en su carrera por la Presidencia en este 2018, pues entrega “muy malas cuentas”.
Las cifras de homicidios, tortura y desaparecidos impusieron nuevos niveles históricos en el país; nunca se materializaron los cuerpos de seguridad élite, como es el caso de la Gendarmería Nacional y, entre otro compromisos incumplidos, no se concretaron las reformas para renovar a los cuerpos policíacos.
Era 17 de diciembre de 2012 y se celebraba la segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública. El Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), prometía que durante su gestión se trazarían objetivos claros para disminuir los homicidios y secuestros en México.
“El país enfrenta un alto nivel de violencia, la población percibe a la inseguridad y la delincuencia con el problema más importante que hay que resolver, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros […]. Homicidio, extorsión, secuestro y robo con violencia son algunas de las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad ”, dijo en ese evento un Osorio Chong que parecía tener claro cuáles eran las prioridades en el tema de la inseguridad.
Cinco años después, el político hidalguense ha entregado las peores cuentas en la historia del registro oficial de los homicidios dolosos. Los primeros 11 meses de 2017 sumaron 23 mil 101 carpetas por homicidio doloso, una cifra sin precedente en los últimos 20 años.
El 3 de enero de 2013, la Secretaría de Seguridad Pública desapareció para ser absorbida por la Secretaría de Gobernación. Así, la llamada “súper Secretaría” del titular Osorio Chong concentró las decisiones políticas y de seguridad pública.
“No fue una buena decisión”, consideró Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). “Ha resultado una Secretaría demasiado grande, y al final, y después de cinco años no tenemos resultados positivos en términos de seguridad”, planteó en entrevista con este diario digital.
(Sin Embargo)
