La fragilidad del estado de derecho es el reto más importante de México, porque se le considera como el inhibidor del desarrollo, el bienestar y la paz social, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Quienes integran y se van pronto del Poder Legislativo, tienen una oportunidad de cumplirle a la sociedad y a México, para dejar un legado por el Estado de Derecho. Quienes aspiran a gobernarnos, más allá de los spots vacíos y los compromisos de futuro, #AquíyAhora pueden ganar la confianza de los electores, con posiciones y acciones políticas claras y trascendentes para México”, pugnó el líder del sindicato de los patrones en México.

Recientemente, el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 de The World Justice Project, situó a México en el lugar 92 de 113 países evaluados, retrocediendo 4 lugares desde la evaluación previa, por debajo de países como Rusia, China, Irán, Vietnam o El Salvador, y apenas supera a naciones como Sierra Leona o Venezuela.

En su mensaje semanal La Señal Coparmex, De Hoyos sostuvo que la fragilidad del Estado de Derecho, es el principal desafío de México y se evidencia por niveles crecientes y críticos de impunidad, corrupción e inseguridad.

Por ello, dijo, el fortalecimiento del estado de derecho, implica el surgimiento de la Fiscalía General de la Republica, que pueda ser autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos y con controles en su actuación, lo que requiere que su diseño sea incorporado a la Constitución Política, a través de la reforma 102 que ha demandado la sociedad civil.

En México, la responsabilidad de procurar justicia recae en el Ministerio Público, pero el andamiaje que soporta su operación en la Procuraduría General de la República y la Procuradurías estatales, está agotado y con baja credibilidad, lamentó.

El dirigente de la Coparmex expuso que varios elementos de la reforma del 2014 fueron omisos, y “requieren de una cirugía mayor para lograr un cambio de fondo en la forma en la que está organizado el Ministerio Público”.

Los requisitos de elegibilidad del fiscal general no garantizan, por ejemplo, la elección de un titular que goce de independencia política ni de trayectoria destacada como jurista. Uno de los elementos de fortaleza de la Fiscalía General, debe ser los procedimientos de ingreso y remoción del Fiscal General.












(El Economista)