Tales como retención de carbono, generación de oxigeno, retención de agua, suelo y microorganismos, constituyendo el hábitat de numerosas especies de plantas, plantas medicinales y una diversa fauna, facilitando además el control térmico de la tierra, entre otros.

La tala que consideramos “legal” la practican particulares y ejidos que cuentan con programas de aprovechamientos forestales autorizados por la SEMARNAT, otorgados a pesar de sus irregularidades.

En este modelo de explotación forestal prevalece el punto de vista comercial y mercantil de los bosques, olvidando que no solo son pinos lo que hay en ellos, sino un delicado equilibrio que conforma el ecosistema, en donde cada ser vivo cumple una función importante para mantener la simbiosis de la vida y que además, forma parte integral de la cosmovisión, la cultura y la forma de vida de las comunidades indígenas que habitan en él.

Este tipo de aprovechamiento contribuye significativamente a la devastación de los bosques, añadiendo la falta de consulta y participación de los pueblos indígenas, poseedores ancestrales de esos territorios.

Estos actos omisos e irregulares representan una severa y sistemática violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En este sentido, la tala ilegal es aún más alarmante, pues se realiza sin ningún tipo de estudio o programa de aprovechamiento y dado que las características ambientales de la Sierra Tarahumara no permiten a los pinos tener los niveles de recuperación de la masa forestal que ocurren en las zonas centro y sureste del país, los bosques de Chihuahua no tienen oportunidad de recuperarse.

La tala ilegal es un delito que históricamente se ha cometido, pero en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante, e incluso, se ha constituido como la actividad económica de sustento/enriquecimiento de algunos sectores poblacionales, como tala montes, caciques y en las
últimas décadas por grupos delictivos.

Actualmente, la zona de los municipios de Bocoyna y Guachochi es severamente devastada con prácticas de corte a matarrasa y dichas irregularidades no
son sancionadas por las autoridades ambientales. Las personas que viven en la Sierra Tarahumara y y quienes viajan con frecuencia, presencian el saqueo con gran frustración y tristeza en el corazón.

La omisión de las autoridades como SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR y PGR, así como de Gobierno del Estado, que también tiene facultades en este tema, han permitido que creciera el
problema hasta este punto; las autoridades están rebasadas, coludidas, son incompetentes, o tienen
miedo, y por ello incumplen con su obligación constitucional de prevenir y sancionar esta cadena de delitos de tala y que permiten este saqueo.

El impacto de estas talas aun no lo podemos dimensionar. Los daños actuales y a futuro tienen que ver con nuestra supervivencia como especie humana, con la limitada resistencia del ecosistema en que habitamos, y aun cuando estemos en la ciudad, no podemos pensar que tarde o temprano esto no nos afectará de manera dramática.

Por eso llamamos a la ciudadanía a defender a quienes defienden, a dar voz a quienes no pueden pedir ayuda porque son amedrentados y agredidos; a dar voz a los seres vivos que no se pueden comunicar con palabras pero que gritan a nuestra conciencia.

Juntos podemos decir ALTO, ¡ni un
árbol menos, paremos esto!

¡Únete a la campaña ciudadana para mantener vivo el bosque de la Sierra Tarahumara y defenderlo de sus depredadores!

¡Sólo unidos podremos apoyar a la gente de la Sierra que no puede denunciar por temor a ser agredidos!

Desde la ciudad ¡también podemos cuidar el bosque!