La maestra Elba Esther Gordillo promovió un amparo para evitar ser detenida, porque afirmó que un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte libró una orden de aprehensión en su contra.

La demanda de garantías quedó radicada en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que dicha orden de captura es distinta de aquella que se dictó y originó el proceso penal 11/2013, en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Oriente, donde se le acusó de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.

También pidió a la juez federal que se le proteja para no ser presentada a comparecer con fuerza pública, para la formulación de imputación en audiencia inicial.

La juez Rosa María Cervantes Mejía previno a la maestra para que, dentro del término de cinco días, realice una narración clara de los hechos que demanda.

A la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se le ordenó precisar los acontecimientos de carácter positivo o negativo que antecedieron a los actos que está reclamando y que atribuye a las autoridades, “incluyendo los que influyan en la improcedencia de este juicio, pues los narrados en el escrito inicial de demanda resultan insuficientes e imprecisos respecto a esos actos”.

Por el momento, la juez no ha concedido alguna suspensión a Elba Esther Gordillo.

Elba Esther recuperó su libertad el pasado 7 de agosto, tras cinco años y medio de permanecer presa.

La liberación de Elba Esther Gordillo tuvo su origen porque la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuaron de manera ilegal para acusarla de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.

Las pruebas que recabaron ambas dependencias no se obtuvieron con el aval de una orden judicial, violando así el secreto bancario; además, no existió una denuncia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que asegurara que la maestra estaba desviando recursos del gremio.

Lo anterior consta en el fallo del incidente no especificado de sobreseimiento que resolvió el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México.



(Milenio)