El presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Alfonso Martínez Sotelo, denunció ante el Ministerio Público a los integrantes de la anterior legislatura por desvíos de recursos, faltantes materiales y diversas irregularidades administrativas.

Acompañado de legisladores del PRI, PAN, Morena y PT, Martínez Sotelo también acusó a los integrantes de la LIII legislatura, dominada por el PRD, de adecuar leyes para beneficio propio, así como de jubilar de manera irregular a amigos, familiares y hasta vecinos.

De acuerdo con la denuncia, los integrantes de la actual legislatura detectaron la venta irregular de 32 vehículos propiedad del Poder Legislativo, ya que su ofrecimiento a particulares no cumplió con los requerimientos legales; además, de esta venta el Congreso estatal sólo tiene reportado 800 mil pesos en bancos.

Acusó que los legisladores habían previsto vender los coches para comprar material y aparatos para apoyar a los grupos vulnerables, de lo que no existe constancia alguna de que haya sucedido.

Además, se detectó un desvío de más de 34 millones de pesos, ya que durante los últimos dos años no fueron cubiertas las cuotas descontadas a los trabajadores del Instituto de Crédito para Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado de Morelos (ICTSGEM), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la nómica de casi dos mil trabajadores.

Dentro de su querella, los legisladores denunciaron la expedición de cheques personales a los diputados de la anterior legislatura por un monto de 8 millones 600 mil pesos, los cuales fueron cobrados de las cuentas del Congreso local, los últimos días de su gestión. Cuando los nuevos diputados locales llegaron, lo único que encontraron fueron dos mil pesos en caja.

La denuncia busca también localizar la documentación oficial contable del Congreso estatal, la cual desapareció y por lo tanto no es posible cotejar las cuentas públicas de la legislatura pasada.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) y líder del Congreso estatal, puntualizó que existen otras irregularidades, sin embargo, es un primer paso para castigar a los presuntos responsables.


(Milenio)