El gobierno de México reconoció que enfrenta “retos considerables” en derechos humanos y, frente a la ONU, se comprometió a trabajar para mejorar la situación de los ciudadanos en ese sentido.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adelantó que antes de que termine la administración de Enrique Peña Nieto se entregará un informe del estatus de las casi 3 mil recomendaciones hechas por diferentes organismos.

Durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México, el subsecretario de Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruíz Cabañas, dijo que no acuden a la ONU para minimizar o negar los pendientes en derechos humanos y enlistó los temas que deben reforzar su combate, pero aclaró que no solo por el Ejecutivo Federal.

"La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares; las amenazas y violencia contra defensores y periodistas; la violencia contra las mujeres; las violaciones contra personas migrantes; la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, de la comunidad LGBT; la trata de personas y una tasa de impunidad lastimosamente alta nos exigen a todos los servidores públicos de los tres poderes y los tres niveles de gobierno fortalecer nuestros esfuerzos".

Ruíz Cabañas destacó la participación de una delegación de alto nivel de los tres poderes de la Unión que, dijo, deja ver el compromiso de las autoridades por fortalecer los derechos humanos en nuestro país.

Asimismo, ensalzó la aprobación de leyes como tortura y desaparición de personas, aunque aceptó que el reto mayor es la implementación de dichas normas.

Más de 100 países participantes en el Examen, reconocieron los esfuerzos del gobierno mexicano, pero consideraron que han sido insuficientes por lo que también ofrecieron recomendaciones para eliminar la impunidad y la corrupción.

El funcionario mexicano argumentó que el nivel de población, que estimó en 129 millones, en México es parte de los problemas para avanzar, así como la coordinación con 32 entidades federativas que cuentan con su propia constitución.

Subrayó que aproximadamente 95 por ciento de los delitos y violaciones a los derechos humanos son del fuero común, o sea de jurisdicción estatal.

Detalló que en los últimos cinco años se han modificado 21 leyes generales y 350 leyes locales para reforzar el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Adrián Avante, dio a conocer que se han gastado casi 800 millones de pesos en el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, con el que se ha otorgado protección a poco más de mil personas en lo que va del sexenio, pero aceptó que el programa ha tenido fallas.

Ante los países de la ONU comentó que "pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar que se continúan cometiendo homicidios contra estas personas, tres de los cuales, eran beneficiarios de este mecanismo. El esfuerzo, aunque destacado, debe profundizarse”.

El gobierno mexicano también refirió como pendientes en materia de derechos humanos la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal, de la Ley de Desapariciones de Personas y la Ley Contra la Tortura, la erradicación de la violencia que genera el crimen organizado, la reparación integral de las víctimas; y la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.


(Milenio)