La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer un amparo para saber si la Procuraduría General de la República aún tiene una averiguación previa en su contra.

Sin embargo, ante la falta de legitimación de la maestra, la petición se sometió a consideración de los ministros de la Primera Sala de Corte con el fin de determinar si alguno de ellos hace suya la petición, lo anterior consta en la solicitud de reasunción de competencia 268/2018, de la Sala.

“Ante la falta de legitimación de la parte solicitante, sométase a consideración de la ministra y ministros integrantes de esta Primera Sala a fin de que determinen si deciden de oficio hacer suya la petición. Solicítese al Tribunal Colegiado de antecedentes para que no lo resuelva. Notifíquese”, detalla el acuerdo.

La Sala ya ha rechazado en varias ocasiones peticiones de Elba Esther, desde 2014, cuando quiso que a Corte atrajera su caso, luego de que se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, en 2016 la Sala también se negó a conocer el amparo con el cual Elba buscaba conseguir la prisión domiciliaria.

El pasado 7 de agosto, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, ordenó la liberación de la maestra porque la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuaron de manera ilegal para acusarla de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.

Las pruebas que recabaron ambas dependencias no se obtuvieron con el aval de una orden judicial, violando así el secreto bancario; además, no existió una denuncia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que asegurara que la maestra estaba desviando recursos del gremio.

Días después, un juez federal ordenó la inmediata libertad de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, quienes fueron acusados por la PGR de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


(Milenio)