Facebook Twitter Rss

Ministro definirá si admite impugnación contra Ley de Remuneraciones

La Corte turnó la impugnación hecha por la minoría en el Senado al ministro Alberto Pérez Dayrán.





06 de Diciembre de 2018 a las 15:12 hrs -- Ariana Rodriguez
Images_146443_thumb_senado-aprobo-particular-ley-organica_0_27_1200_746

La acción de inconstitucionalidad que promovió la minoría en el Senado contra Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue turnada al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán.

En las próximas horas, el ministro determinará si admite a trámite la acción de inconstitucionalidad, y en caso de otorgar la suspensión solicitada por los senadores, la ley quedará congelada y no podrá aplicarse hasta en tanto la Corte resuelve de fondo el asunto.

Pérez Dayán admitió a trámite hace unos días la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La acción de la inconstitucionalidad presentada por la minoría en el Senado está firmada por Miguel Ángel Osorio Chong, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado Ranauro, líderes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente, así como por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos en la capital.

En sus alegatos, la minoría en el Senado manifestó que la ley es inconstitucional porque el Congreso actuó fuera de su ámbito competencial y de manera deficiente en lo que sí le correspondía, al regular el artículo 127 constitucional.

Asimismo, se reclaman violaciones al proceso legislativo y al principio de división de poderes, “tanto en la autonomía presupuestaria de los diversos entes que cuentan con ella como, destacadamente, en la independencia del Poder Judicial de la Federación; el pacto Federal; y la seguridad jurídica de los gobernados”.

En la demanda se detalla que se violó el principio de legalidad porque la autoridad actuó fuera de su ámbito de competencia desbordando el mandato dirigido en la reforma constitucional del 24 de agosto de 2009 relativa al artículo 127 constitucional y regulando de forma deficiente lo que sí le tocaba desarrollar como parte de ese mandato.

“Cabe destacar que con esta demanda no se pretende que sea la Corte la que fije el salario del presidente de la República, sino que establezca las reglas constitucionales de las remuneraciones públicas”, indica el recurso presentado.

En tanto, los senadores del PRI se pronunciaron a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, “pero consideran que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros Poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni los laborales de las y los trabajadores”.


(Milenio)