La corte del distrito este de Nueva York es un templo en mármol pardo que recibe a sus visitantes con un puñado de policías extra grandes, un detector de metales y una máquina de rayos X. Por la banda pasan joyas, bolsas, relojes, abrigos, gafetes, sombreros, guantes; cualquier cosa que no sea la ropa que el visitante traiga justo sobre la piel.

Los celulares, computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico deben ser entregados en caliente para su custodia apenas pasado el detector, sin poderlos reclamar hasta que se sale del edifico. Los zapatos no se revisan allí, sino hasta antes de la puerta de entrada de la sala donde se juzga a El Chapo: la 8D.

El juicio, que comenzó el 5 de noviembre, durará entre tres y cuatro meses y requiere de un nivel de seguridad no visto en una corte de Nueva York desde que Ramzi Ahmed Yousef fue enjuiciado por intentar dinamitar el World Trade Center en 1993. El juez Brian M. Cogan decretó que el jurado fuera anónimo, es decir, que dado “el historial de violencia” del acusado, no podrán hacerse públicos sus nombres o direcciones ni, mucho menos, sus rostros. Todos los días los doce, una mezcla heterogénea de razas, géneros y edades, son escoltados desde sus domicilios hasta la corte y de vuelta por federales armados.

Guzmán llega de lunes a jueves en un convoy con seguridad de grado militar, en un coche blindado y sin ventanas, desde una prisión de máxima seguridad en Manhattan —cuya unidad de más alta peligrosidad ha sido comparada con Guantánamo— hasta la corte en Brooklyn, cuyo edificio entero ha sido rodeado por vallas de metal espolvoreadas con patrullas y ambulancias.

Entra y sale por una puerta lateral, enfundado, según su abogado Eduardo Balarezo, en trajes de K Mart, a veces sin corbata. No tiene contacto más que con su defensa: pidió, y le fue rechazado citando motivos de seguridad, abrazar a su esposa al inicio del juicio. Quizá con algo de razón: el segundo testigo clave de la fiscalía, Miguel Ángel Martínez, ha sido puesto en el programa de protección de testigos y no puede revelarse ni su rostro; el juez Cogan ha pedido a las dibujantes de registro que distorsionen sus facciones. Durante el tiempo de Martínez en el banquillo, Emma Coronel fue captada por una de las decenas de cámaras de circuito cerrado con un teléfono celular en la mano. Su defensa ha declarado que le fue proporcionado por uno de los abogados de su marido porque ella requería del traductor de Google para comunicarse. El juez ha amonestado a los abogados y a Coronel, dejando para después las sanciones, que podrían llegar hasta cargos penales por el riesgo de terminar el desliz en jurados o testigos muertos. Coronel llega diario, rodeada de un enjambre de fotógrafos, sonriente, peinada y maquillada como una pequeña Kardashian, a sentarse invariablemente en la banca de en medio del lado derecho de la Corte, el mismo lado que ocupa su marido, separado del público por una reja de madera custodiada por dos marinos con entrenamiento anti terrorista. Uno de ellos tiene al cuello el tatuaje de un puñal atravesándole de lado a lado las cervicales.

Las bancas de madera están atestadas, pero al derredor de Coronel se forma un espeso vacío. Ella sonríe y masca chicle, imperturbable mientras carga casi tantas miradas como su marido, aún cuando escucha que los gastos de El Chapo incluían la manutención de sus cinco distintas familias, el costo de las toneladas de coca que éste pasó a los Estados Unidos o los asesinatos que se llevaron a cabo en su nombre. Guzmán, atento y presente, hace apuntes en una libreta amarilla y revisa continuamente al público, deteniéndose seguido en Emma, aunque entre ambos no pase mucho más que la más leve sonrisa.

La fiscalía abrió con Jesús El Rey Zambada García, hermano de Ismael, como primer testigo de peso. El 20 de noviembre, Día de la Revolución, éste declaró que en el año 2005 se había reunido un par de veces, sobornándolo en cada ocasión con al menos tres millones de dólares en efectivo, con Genaro Garcia Luna, jefe de la Agencia Federal de Investigación y luego secretario de Seguridad Pública de la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón.

También dijo haber comprado a Gabriel Regino, funcionario a cargo de la seguridad del gobierno de López Obrador cuando éste fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Lo que no dijo, a petición de los fiscales, quienes alegaron que el material era insustancial para el caso, fue el nombre del presidente mexicano a quien le habría pagado seis millones de dólares. Y aún hay más: Zambada señaló que otro de los encargados de pagarle a funcionarios y policías mexicanos era El H, Héctor Beltrán Leyva.

Los cuatro hermanos Beltrán Leyva introdujeron a Guzmán al tráfico de coca, pero se convertirían pronto en sus enemigos acérrimos, con El H a la cabeza luego de que su hermano Arturo fuera abatido en 2009 y vestido su cadáver para la foto con billetes ensangrentados. Héctor, capturado en 2014 en Guanajuato, murió muy convenientemente el domingo pasado de un ataque cardiaco.


(Milenio)