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CNDH, CIDE, ONU y UNAM rechazan creación de Guardia Nacional

En el tercer día de audiencias en la Cámara de Diputados, los expertos rechazaron la creación del organismo por considerarla imparcial, sesgada y violatoria de los derechos humanos.





10 de Enero de 2019 a las 13:49 hrs -- Ariana Rodriguez
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Los titulares de la CNDH, ONU, UNAM y CIDE rechazaron la creación de la Guardia Nacional y advirtieron que se pretende constitucionalizar un mando militar en tareas de seguridad pública debilitando así a las corporaciones civiles.

Durante el tercer día de audiencias públicas, los expertos coincidieron en que la propuesta es incompleta, parcial, sesgada y atenta contra los derechos humanos.

De acuerdo con los especialistas, la Guardia Nacional puede crearse sin trastocar la Constitución y si su creación obedece realmente a la necesidad de atender la situación de violencia que se vive en el país se puede trabajar en la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional para acotar los estados de excepción que necesariamente se debe realizar bajo estricto apego de estándares internacionales.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó que no se pueden repetir errores del pasado y se dijo preocupado por el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador al reclutamiento de elementos para la Guardia Nacional y que en el Presupuesto de Egresos haya recursos destinados a ésta, lo que dijo, hace pensar que es una determinación ya tomada.

González Pérez dijo que la reforma constitucional genera el riesgo de que se vulneren los derechos humanos, no garantiza que termine con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, además de que contraviene sentencias, principios y criterios formulados en instancias institucionales.

El ombudsman consideró que “el Estado Mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

En su participación, el representante del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, recordó el fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2009, que contradice la intención de asignar las tareas de seguridad pública a un cuerpo militar, como es la Guardia Nacional.

“La Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben de estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso”, señaló Jarab.

Añadió que en opinión del organismo que representa, el modelo establecido en el dictamen de Guardia Nacional no responde a esos parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana.

Jarab señaló que la oficina que representa mantiene y reitera su preocupación por la aprobación de la Guardia Nacional basada en cuatro elementos: que el dictamen no brinda garantías de no repetición de las “graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado”.

Que la fusión de la Policía Federal con las policías militares demerita los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles que el país necesita, el impacto que la reforma tendrá en la investigación del delito y el sistema de justicia penal y la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad porque, dijo, desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado.

“La ONU-DH reitera su invitación para que la que muy probablemente será la definición constitucional más relevante que adopte la presente legislatura en materia de seguridad, se realice de manera pausada, reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado”, dijo en su participación.

Durante su turno, el director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, recordó que el Congreso tiene la facultad jurídica y política para aprobar la reforma, pero también la responsabilidad histórica de sus decisiones.

“A nosotros nos toca una corresponsabilidad social, que en este caso se traduce en expresar nuestra opinión con compromiso cívico hacia el constitucionalismo democrático. Después de leer con cuidado el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados, puedo afirmar que la propuesta para crear una Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país”, sostuvo.

El catedrático dijo en que con la aprobación para que se cree la corporación, se corre el riesgo de que aumenten las violaciones a los derechos humanos: cuando las fuerzas civiles incurren en estas violaciones están infringiendo los procedimientos para los que fueron entrenadas; en cambio, cuando lo hacen elementos castrenses, están llevando a cabo las acciones para las que fueron entrenados en situaciones de conflicto violento.

“Por lo mismo, muchos estudios académicos han demostrado que cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados”, señaló.

Añadió que las fuerzas armadas van ganando poder, recursos y control territorial, y en la lógica elemental no será fácil el retorno a los cuarteles, por ello, dijo que una de las vías para poder garantizar la seguridad es reglamentar el artículo 29 constitucional.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo, dijo que la propuesta para crear la Guardia Nacional socava la Constitución y aseguró que todo el régimen transitorio para arropar al Ejército en las funciones ha cumplido de manera inconstitucional por instrucciones de dos ex presidentes tiene que estar en unas disposiciones extraordinarias activando el artículo 29 constitucional.

“Lo que está en juego, creo, es que lo que se ha propuesto como una cuarta transformación sea, como todos, espero deseamos que sea, la consolidación de un Estado en el que la democracia, la paz social y los derechos humanos de todas y todos se concatenen o a pesar de la voluntad de sus promotores, observadores y destinatarios termine por sentar las bases de un ominoso e indeseado, pero siempre posible, cambio de régimen”, sostuvo.

(Milenio)