El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó una nueva investigación sobre las irregularidades cometidas por diversos funcionarios de la Procuraduría General de la República en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero y determinar la posible “trascendencia penal” de sus conductas.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos 'Miguel Agustín Pro' informó que el juzgado, “dentro del juicio de amparo número 195/2017, dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa, exonerando en los hechos a diversos funcionarios”.
En su sentencia, el juez ordenó que se emita una nueva resolución exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la procuraduría.
Asimismo, “considera que la resolución de la visitaduría no fue exhaustiva ni congruente y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas”.
El Centro ProDH señala que “para las y los familiares de los normalistas desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la nueva administración federal revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo”.
También considera que “la sentencia llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad”.
(El Financiero)
