La Secretaría de Gobernación entregó a los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados su propuesta de modificaciones al dictamen para crear la Guardia Nacional, entre las que destaca su definición como institución policial de carácter civil dependiente de la Secretaría de Seguridad, aunque bajo la dirección de una Junta de Jefes de Estado Mayor “compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”.
La “propuesta alternativa” del gobierno federal elimina el artículo quinto transitorio que preveía adscribir la nueva corporación al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional durante sus primeros cinco años de existencia, además de cancelar el mecanismo de evaluación de las policías locales que consideraba, incluso, el descuento de las participaciones federales en materia de seguridad.
El documento de cuatro páginas mantiene, sin embargo, la facultad de la Guardia Nacional para investigar delitos, pese a los cuestionamientos de la oposición a ese punto.
Como lo anticipó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a los diputados federales, el replanteamiento de la iniciativa de reformas constitucionales define a la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil, pero con estructura jerárquica, disciplina, capacitación y profesionalización homologadas con las fuerzas armadas.
“La dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones; la dependencia de ramo de la Defensa Nacional dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologadas con las que se aplican en el ámbito de la fuerza armada permanente”, señala la propuesta.
La Guardia Nacional integrada por elementos de las policías Militar, Naval y Federal será la institución responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación.
De acuerdo con la nueva redacción de los artículos transitorios, el Congreso de la Unión tendría un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para expedir la Ley de la Guardia Nacional.
(Milenio)
