Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá amparar y ordenar la libertad, así como cancelar una orden de aprehensión, contra dos prestigiados abogados del estado de Jalisco que fueron acusados del intento de homicidio del hijo del empresario Javier Rodríguez Borgio, dueño de la cadena de casinos Big Bola.

Se trata de los litigantes Joaquín Ramos Ramos, detenido el 25 de enero de 2017, y de Virgilio Rincón Salas, contra quien existe una orden de aprehensión; a ambos se les relacionó con el fallido atentado de Javier Rodríguez Borgio Acosta, ocurrido el 3 de agosto de 2016, en el estado de Querétaro, incidente donde murió uno de sus escoltas.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará en la Primera Sala de la Corte dos proyectos de sentencia, donde propone otorgar un amparo liso y llano para que se dejé sin efecto el auto de vinculación a proceso y se ordene la inmediata libertad de Ramos, y se cancele la orden de captura contra Rincón Salas.

El caso guarda relación con una investigación federal, donde un ex agente norteamericano que laboraba en un despacho de seguridad privada de Miami, aseguró que fue contratado por empresarios españoles para investigar al dueño de Big Bola, luego de que mostró interés por comprar algunos predios en la Riviera Maya.

Los españoles, declaró el investigador, supuestamente sobornaron al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, así como a otras autoridades estatales para quedarse con 16 predios, algunos de los cuales ya había comprado el empresario casinero, motivo por el cual presuntamente planearon hacerle daño.

En la indagatoria el investigador privado afirmó que los litigantes participaron en un fraude para favorecer a los españoles para que se quedaron con los predios.

Tras el atentado, se logró detener al pistolero Francisco Javier Valverde Pereira, quien el 11 de enero de 2017 incriminó a los abogados.

En sus proyectos, el ministro Ortiz Mena señala que no existieron datos previos en la investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Querétaro y mucho menos de la policía que vincularan a Joaquín Ramos ni a Rincón Salas con los sucesos del 3 de agosto de 2016.

“El único dato de prueba sobrevino después, con motivo de la declaración ante el ministerio público del previamente imputado (Valverde Pereira), el 11 de enero de 2017, quien incriminó al quejoso.

“Es claro que la premisa para la obtención del dato de prueba en que la fiscalía sustentó su teoría del caso quedó luego desvanecida bajo su propia actuación”, indicó el ministro.


(Milenio)