El gobierno federal reiteró su discrepancia con las medidas unilaterales implementadas por las autoridades de Estados Unidos de devolver, a partir de esta semana, a Mexicali, Baja California, a los solicitantes de asilo para que aguarden en territorio mexicano el desarrollo de su trámite.

En un comunicado, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) refrendaron el compromiso con la protección a los migrantes y la promoción del desarrollo económico y social para mitigar las causas de este fenómeno social.

Destacaron que por instrucciones del Ejecutivo federal mantendrán permanente y estrecha colaboración para que los derechos humanos de los migrantes sean respetados y protegidos y que cuenten con una estancia segura.

Anunciaron que en el contexto de la reunión del Mecanismo de Tuxtla, a celebrarse el 5 de abril, México planteará a Guatemala, El Salvador y Honduras adoptar medidas y proyectos para impulsar el desarrollo económico y social de la región.

Lo anterior, explicaron, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus habitantes y atender las causas profundas de la migración, como son la pobreza, la inseguridad y la carencia de oportunidades.

La víspera, el Departamento de Seguridad Interior del gobierno de Estados Unidos informó al Congreso de ese país su decisión de extender la implementación de la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a la garita fronteriza que comunica las ciudades de Mexicali y Calexico.

En el caso de Tijuana, esa medida conducirá a que, a partir de esta semana, sean devueltos a Mexicali solicitantes de asilo no mexicanos que ingresaron desde México a Estados Unidos, a fin de que aguarden en territorio mexicano el desarrollo de su trámite ante una corte migratoria de esa nación.

Las secretarías mexicanas expusieron que, por razones humanitarias, han mantenido contacto con las autoridades de Migración estadunidenses para recibir información sobre las personas retornadas a México. Indicaron que un número significativo de esas personas cuenta con algún tipo de documento migratorio mexicano que les permite permanecer en el país.

Para el gobierno de México, subrayaron, el contacto entre las autoridades migratorias de ambos países tiene como finalidad principal proteger los derechos humanos de los migrantes afectados.

De esa manera, aclararon, este intercambio de información no significa en modo alguno que el gobierno de México esté de acuerdo con las decisiones y acciones tomadas unilateralmente por su homólogo estadunidense.

Refirieron que la Secretaría de Gobernación informará al gobierno de Baja California sobre la decisión de la autoridad de Estados Unidos y en breve establecerá contacto con las autoridades de Mexicali para adoptar medidas que permitan a las personas retornadas a territorio mexicano una estancia segura, en tanto conocen la decisión final sobre su solicitud de asilo.


(Milenio)