El gobierno federal publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que permite la extinción de dominio sobre los bienes que tengan como origen la corrupción o huachicoleo, entre otros.

"Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos" indica el texto publicado.

El 7 de marzo se declaró la constitucionalidad de dicha modificación, luego de haber sido aprobada en 20 congresos locales que avalaron las modificaciones al artículo 22 y la fracción 30, del artículo 73 de la Constitución. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, ya que "las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función.

La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos".


(Milenio)