Los cuerpos de seguridad nacional sólo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario para mantener el orden y razonablemente necesaria, según las circunstancias, para la prevención del delito y para efectuar la detención legal de una persona, mientras que el uso de armas de fuego se considerará una medida extrema y no podrán usarse como advertencia o para controlar o dispersar manifestaciones.

Así lo establece la propuesta de Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, una de las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional enviada por el Ejecutivo al Senado de la República, donde se precisa que los cuerpos de seguridad sólo podrá emplear las armas de fuego para proteger contra una amenaza de muerte o lesiones graves.

La iniciativa sugiere adecuar la actuación de los cuerpos de seguridad a los estándares internacionales con base en varios niveles que contemplan la presencia de autoridad, la utilización de comandos de voz, técnicas de control y como última opción el uso de las armas, orientado a defender la vida propia del integrante, de sus compañeros o de terceros frente a una agresión violenta agravada que represente un escenario de violencia mortal.

También contempla que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto a su dignidad humana y no podrá ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Señala que los cuerpos de seguridad deberán asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia. .

En la exposición de motivos el documento destaca el informe anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se señala que desde finales de 2014 a la fecha de aprobación de dicho informe, “la fuerza ha sido empleada de forma incompatible con los estándares internacionales”.



(El Financiero)