Jesús Santrich, como se le conoce a un ex comandante de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue recapturado el viernes por agentes de la policía de Colombia, segundos después de haber salido de una cárcel en el sur de Bogotá.

Santrich salió de la cárcel de La Picota en una silla de ruedas, rodeado por guardias armados, mientras que un grupo de simpatizantes lo aplaudía detrás de una cerca metálica. Sin embargo, momentos después fue recapturado por agentes del cuerpo técnico de investigaciones de la policía colombiana, y fue regresado al interior de la misma prisión donde ha pasado los últimos 13 meses.

Poco después un helicóptero lo recogió y lo llevó hasta la fiscalía.

Santrich es requerido por narcotráfico en Estados Unidos y un tribunal del estado de Nueva York pidió su detención y extradición en abril de 2018. No obstante, este miércoles un tribunal especial colombiano conocido como la Justicia Especial para la Paz (JEP) --organismo encargado de juzgar crimenes cometidos por los actores del conflicto armado de Colombia-- había ordenado su libertad al considerar que no existían suficientes pruebas para extraditarlo.

Su recaptura fue porque en Colombia se le investiga por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Tras su brevísima liberación y posterior reingreso a prisión, decenas de periodistas y manifestantes se veían claramente sorprendidos por el suceso.

En un comunicado, la Fiscalía General de Colombia explicó a los pocos minutos que en las ultimas horas había recolectado pruebas nuevas que inidican que el ex guerrillero planificó el envío de un cargamento de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos, meses después de que su organización, las FARC, firmara un tratado de paz con el gobierno de Colombia. Se agregó que con esas pruebas y el testimonio de un cómplice de Santrich, se logró obtener una nueva orden de captura de un juez en Bogotá.

La negativa de extraditar a Santrich por parte de la JEP desencadenó un terremoto político en la nación sudamericana, donde muchos argumentan que el reciente proceso de paz con la guerrilla de las FARC ha otorgado demasiados beneficios a excombatientes.

El miércoles, Nestor Humberto Martinez, fiscal general de la nación, presentó su renuncia tras conocer la decisión de la JEP. También dimitieron de sus cargos la vicefiscal María Paulina Riveros y la ministra de justicia, Gloria Borrero.

El gobierno del presidente Iván Duque había asegurado que apelaría la decisión del tribunal especial.


(Milenio)