El pasado 1 de junio, una adolescente hondureña llamada Tania suplicó durante más de dos horas a un funcionario estadunidense para que no la devolviera a México.

Las autoridades migratorias habían permitido el ingreso de su madre y sus hermanas menores a Estados Unidos dos meses antes para presentar una solicitud de asilo ante los tribunales. Sin embargo, enviaron a Tania de regreso a Tijuana por su cuenta, sin dinero ni un lugar donde quedarse.

La joven de 18 años afirma haberle dicho al funcionario que había visto a personas en las calles de Tijuana vinculadas a la banda hondureña que aterrorizó a su familia y le explicó que no se sentía segura allí.

Después de la entrevista, cuya intención era evaluar su miedo a regresar a México, ella aseguró que esperaba poder reunirse con su familia en California.

No obstante, la enviaron de regreso a México bajo una política del gobierno del presidente Donald Trump denominada Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), que ha obligado a más de 11 mil solicitantes de asilo a esperar en el lado mexicano de la frontera para que se completen sus casos en las cortes estadunidenses. Ese proceso puede llevar meses.

El de Tania no es un caso inusual. Una vez que se ordena a los solicitantes de asilo que esperen en México, las posibilidades de que la decisión sea anulada por razones de seguridad, lo que les permitiría esperar en Estados Unidos, son extremadamente reducidas según un análisis de Reuters de los datos de tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR).

Muchos migrantes y sus defensores dicen que son vulnerables a la violencia en las ciudades fronterizas de México, que tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo y les obligan a enfrentarse a peligros similares a los que les llevaron a huir de sus países de origen.

De los 8 mil 718 migrantes del programa identificados por Reuters en los datos de la EOIR, solo 106, cerca del 1 por ciento, logró que sus casos fueran transferidos desde los PPM, permitiéndoles esperar en Estados Unidos mientras se resuelven sus solicitudes.

El análisis, que entrega el primer recuento público sobre quién está en los PPM y cómo se está implementando, se conoce en un momento en que se prevé una fuerte expansión del programa. El viernes, México acordó aplicarlo en toda la frontera sur para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Trump, quien se postuló a la presidencia con una plataforma para combatir la inmigración ilegal, está cada vez más frustrado por el número creciente de familias, en su mayoría centroamericanas, que cruzan la frontera y solicitan asilo en Estados Unidos.

El gobierno ideó la política de devolver a los solicitantes de asilo a México para reducir la cantidad de migrantes que vive en Estados Unidos, mientras sus casos avanzan por un sistema judicial que acumula muchos retrasos.

Kathryn Mattingly, vocera de la EOIR, refirió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Una vocera del DHS, que se negó a ser identificada, dijo que la división no puede comentar los hallazgos, pero que el programa permite a Estados Unidos "asistir de forma más efectiva a los solicitantes de asilo legítimos y a las personas que huyen de la persecución".

Muchos migrantes centroamericanos eligen viajar a través de México en camino a Estados Unidos, por lo que es probable que "la gran mayoría" no sea perseguida allí, dijo el gobierno estadunidense en documentos judiciales.

Grupos de derechos de los inmigrantes han demandado al gobierno para que detenga esta política. En abril, un juez federal de California dictaminó que probablemente violó la ley de inmigración estadunidense, pero una corte de apelaciones permitió en mayo que el programa continuara mientras avanza el proceso legal.

Los solicitantes de asilo como Tania, que habló a cambio de que solo se use su nombre porque temor a su seguridad en México, pueden decir en cualquier momento a los funcionarios estadunidenses que temen regresar a México, según las directrices legales. Esto da paso a una entrevista que busca garantizar que no vuelva a estar en peligro, lo que violaría las leyes de Estados Unidos y del derecho internacional.

Pero la vara para superar estas entrevistas es alta: los migrantes deben probar que hay "más probabilidades que no" de enfrentarse a la tortura o a la persecución en México.

En el litigio contra el gobierno de Trump, un juez de apelaciones dijo que puede que los migrantes no sepan que tienen derecho a solicitar una entrevista sobre su miedo a esperar en México.

Sin embargo, el gobierno respondió en un expediente judicial que lo más probable es que, si pregunta a cada migrante si teme ser perseguido en México, se generen falsos reclamos que "ralentizarán significativamente el procesamiento de los PPM y desviarán los escasos recursos".


(Milenio)