Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a informar sobre el monto y destino de los bienes asegurados y/o decomisados a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
En el punto de acuerdo, turnado a comisiones, también se solicita incorporar cuentas bancarias, fondos o inversiones, propiedades muebles tales como vehículos, obras de arte, joyería, como bienes inmuebles tales como ranchos, terrenos y residencias en México o el extranjero.
Durante los considerandos destaca que tras la detención de Guzmán Loera, el 22 de febrero de 2014, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que le fueron decomisados 97 armas largas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos, 16 casas y 4 ranchos y que el valor de lo asegurado se estimó que ascendía a los 22 millones de pesos.
Posteriormente, precisa el texto, se le decomisaron bienes inmuebles cuyo valor superarían los 160 millones de pesos, entre los que destacan seis terrenos, huertas, establos, bodegas, haciendas, restaurantes, gasolineras, departamentos, aeronaves y casas de descanso.
Mientras que, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó en 2016 que se detectaron operaciones por 5 mil 300 millones de pesos vinculados a la organización criminal de El Chapo, el Cártel de Sinaloa y se decomisaron bienes inmuebles en al menos 15 entidades federativas, además de que fueron confiscadas 71 propiedades en Sinaloa, 40 en Sonora, 22 en Jalisco y 12 en la Ciudad de México.
Asimismo, la autoridad ubicó tres en Nayarit, y dos en Baja California, Chiapas, Guerrero y Nuevo León, respectivamente, así como una en Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí, también hay reporte de una propiedad cuya ubicación aparece como “no identificada” y dos domicilios se encuentran en Estados Unidos.
El documento del senador del PRI aclara que los bienes decomisados y/o asegurados a El Chapo debieron haber quedado en posesión y administración de las autoridades federales competentes.
“Sin embargo, queda pendiente esclarecer el monto de dichos bienes y el destino que se les haya dado por parte de la Administración Pública Federal. Ello, porque resultan relevantes dos hechos; la contradicción entre las cifras publicadas y la ausencia de un informe final que precise cuánto está en vías de recuperar el Estado Mexicano del fruto de la vida delictiva del hasta su detención, el narcotraficante más poderoso del mundo”, añade.
(Milenio)
