La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades a ratificar el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y posteriormente, armonizar las normas vigentes para garantizar la protección de los derechos humanos de los adultos mayores.
En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la CNDH solicitó a las autoridades destinar recursos económicos suficientes para implementar mecanismos que garanticen la protección de sus derechos.
La Convención define la violencia como “(...) cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado”, y otros tipos de abuso como el financiero, patrimonial, maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, “(…) la expulsión de su comunidad, y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar (…) que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.
De acuerdo con cifras de la comisión, en el Informe Especial sobre los Derechos de las Personas Mayores, publicado en febrero de este año, entre el 1 de enero de 2014 a 29 de febrero de 2016 se presentaron 34 mil 200 denuncias por delitos contra personas mayores, de los que 57 por ciento fueron por delitos patrimoniales, principalmente despojo, robo a casa habitación, fraude, y daños en propiedad privada.
Le siguen denuncias por violencia sexual (16%), violencia familiar (8%), lesiones (5%), amenazas (4%), homicidio y, en menor porcentaje, privación ilegal de la libertad; abandono de persona; omisión de cuidados; responsabilidad médica; trata de personas; explotación y discriminación, informó en un comunicado.
En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el organismo informó que 12.96 millones de personas mayores del país están expuestas a la vulneración de sus derechos fundamentales y que el abuso y maltrato en la vejez es un problema de salud pública y social que disminuye su calidad de vida y lesiona la dignidad de las víctimas.
Además, enfrentan diversos obstáculos para acceder a los mercados laboral y financiero, a bienes y servicios, los cambios en las estructuras familiares y las nuevas relaciones intergeneracionales.
La CNDH informó que maltrato y abuso en la vejez son delitos que, por lo general, no se denuncian debido al vínculo familiar entre la persona que agrede y la víctima, la dependencia económica y física de la persona mayor respecto de quien genera la violencia, o la falta de acceso a las instancias de procuración de justicia.
En la mayoría de los casos se comete por integrantes de su círculo más cercano: cónyuge, hijos o hijas, nietos o nietas, nueras, yernos y cuidadores.
La CNDH enfatizó la necesidad de fortalecer y profesionalizar la vigilancia y supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados para garantizar la integridad, dignidad y seguridad de las y los usuarios.
Además, las personas mayores LGBTTTI enfrentan estigmas y prejuicios indebidamente asociados con su edad, los efectos de toda una vida de discriminación, que las coloca en riesgo de aislamiento social, violencia, pobreza, enfermedades crónicas, e incluso mortalidad prematura.
La CNDH demandó el diseño e implementación de estrategias integrales y acciones diferenciadas para combatir estereotipos, exclusión y agresiones en su contra a causa de su identidad y expresión de género o su preferencia sexual.
En 2015, México asumió los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que en su objetivo 16 establece la obligación de facilitar el acceso a la justicia para todos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 66/127, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, como una forma de visibilizarlo y exhortar a combatir los sufrimientos infligidos a las generaciones mayores.
(Milenio)