El ex presidente de Interpol, Meng Hongwei, fue acusado formalmente hoy por un juzgado chino de aceptar sobornos por valor de 14 millones de yuanes (2 millones de dólares), cargo del que se ha declarado culpable, informan hoy medios locales.
En la primera instancia del juicio, celebrado este jueves en la localidad de Tianjín, el antiguo presidente chino de Interpol, quien no aparecía en público desde septiembre pasado, fue acusado de "abusar de su autoridad" para ayudar a empresas y a particulares a obtener "ganancias ilegales" desde 2005 hasta 2017.
Durante esos años, Meng desempeñó los cargos de viceministro de Seguridad Pública y de jefe de la Policía Marítima del país asiático y, según el tribunal, amasó una fortuna ilícita de 14.46 millones de yuanes (2.3 millones de dólares).
Según el principal rotativo oficial, el Diario del Pueblo, Meng se declaró culpable de soborno durante el juicio, y el tribunal dictará sentencia en una fecha todavía por determinar.
La agencia estatal Xinhua añade que, en su alegato final, el antiguo líder de la organización policial internacional expresó "remordimiento".
Esta primera vista se produce un mes y medio después de que la Fiscalía Popular Suprema de China acusara a Meng de aceptar "una gran cantidad de sobornos" tras concluir una investigación sobre los presuntos actos delictivos llevados a cabo por el ex presidente de Interpol.
El pasado 24 de abril, el Tribunal Supremo chino emitió una orden oficial de detención contra Meng, quien se encontraba retenido sin acusación formal y en paradero desconocido en el país asiático desde septiembre.
Previamente, el 26 de marzo, trascendió que había sido expulsado del Partido Comunista de China.
El antiguo máximo responsable de Interpol desapareció misteriosamente tras subir a un avión con destino a China el pasado 25 de septiembre, cuando su familia dejó de tener noticias suyas.
Francia -la sede de Interpol está en Lyon- concedió asilo a la esposa de Meng recientemente.
La legislación china establece que la Policía tiene autoridad para mantener incomunicadosy en un lugar secreto hasta seis meses a sospechosos de ofensas contra la seguridad nacional, o acusados de terrorismo o sobornos, una normativa que en muchos casos se aplica a disidentes o activistas.
Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2013, China ha juzgado a numerosos altos funcionarios por recibir sobornos dentro de su campaña anticorrupción.
(Milenio)
