El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar el expediente completo de la explosión ocurrida el 19 de febrero del 2016 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los documentos relacionados a las acciones emprendidas en del 1 de diciembre 2018 al 1 de abril de 2019.
Al presentar el recurso de revisión RRA 3690/19 contra la FGR, el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que el sujeto obligado se reservó la información debido a que se trata de una averiguación previa en trámite, sin embargo, consideró necesario que se abra una versión pública del documento debido al interés público que el tema ha despertado a nivel nacional e internacional y a que los cuerpos de los 65 mineros ahí atrapados.
“Propongo a mis compañeros abrir bajo la inferencia de interés público dada la relevancia que ha tenido este asunto en términos nacionales e internacionales, y dado que permanecen, como todos lo sabemos, los cuerpos de los 65 mineros ahí atrapados que se abra por interés público mediante versión pública desde luego, la averiguación previa”, planteó.
Al respecto, el comisionado Joel Salas Suárez expuso que la Secretaría del Trabajo aseguró que no encontró ningún documento respecto a lo solicitado, pero iniciaría la conformación del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos “para rescatar los cuerpos de los 65 mineros atrapados y la instalación de un comité cuya responsabilidad será darle seguimiento a dicho proceso de rescate”.
En su análisis, la ponencia determinó que el sujeto obligado no turnó la solicitud del particular a todas las unidades administrativas competentes, por lo que propuso modificar la respuesta de la Secretaría del Trabajo e instruirle realizar una búsqueda exhaustiva en la unidad de las delegaciones federales del trabajo, la delegación de Coahuila a efecto de proporcionar al particular los documentos que den cuenta de las acciones que se emprendieron en la mina.
Salas Suárez recordó que tras la explosión por acumulación de gas metano, las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México y el 4 de abril de 2007, más de un año después de recuperar únicamente dos cuerpos, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo la vida de los rescatistas.
“En desacuerdo las familias y organizaciones de la sociedad civil acompañantes expresaron que la verdadera causa de la suspensión que fue que quedarían al descubierto las malas condiciones de trabajo en la mina, lo cual podría derivar en sanciones penales, económicas e incluso, el retiro de las concesiones dadas a la empresa”, explicó.
Dijo que el 26 de febrero de 2006 , las autoridades de la Secretaría del Trabajo y del gobierno de Coahuila, anunciaron la suspensión definitiva de la concesión dada a Grupo México para explotar las minas de Pasta de Conchos y un mes después el entonces titular de la dependencia, Francisco Javier Salazar, deslindó a la empresa de responsabilidad por homicidio industrial y negó que directores de la empresa fueran investigados después del hecho.
Además en 2011 la Secretaría rechazó cualquier posibilidad de rescate de cuerpos en Pasta de Conchos hasta febrero del 2019, cuando en allanamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en cumplimiento a su promesa de campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender el caso y delinear los pasos para el inicio de los trabajos.
Destacó que los trabajos iniciaron el 1 de mayo del 2019 y el 25 de junio se anunció públicamente la conformación del llamado Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos y que la fase física del rescate iniciará el próximo año.
(Milenio)
