Tras un acuerdo con el Gobierno federal, los reos federales de los penales de Tamaulipas serán enviados a otros penales en el país, anunció el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Hemos hecho un acuerdo con el Gobierno federal, nos han dicho que tiene la capacidad de hacer movimientos de reos federales que no deberían estar aquí en Tamaulipas, eso nos va a permitir posponer en este momento la construcción de ese penal”, sostuvo el mandatario.

El mandatario tamaulipeco comentó que con esta acción se disminuirá la población en los siete centros penitenciarios del estado.

“Vamos a minimizar el número de los reos en muchos de los penales y eso nos va a permitir que esos recursos puedan ser aplicados para estos complejos, para las bases que se estarán construyendo en las carreteras, adquirir más tecnología en el área del Secretariado Ejecutivo Estatal”, dijo.

Calificó de positivo el acuerdo tomado con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, “estamos avanzando mucho en ello, eso nos permitirá liberar recursos para poderlos concentrar en todas estas acciones que requiere el Gobierno del estado para dar un mejor servicio”.

Actualmente en los penales de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Altamira, Tula y Jaumave, se encuentran internados cuatro mil 480 reos. De ellos, 891 se relacionan con delitos del fuero federal, 35 de las cuales son mujeres.

El Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa es el que cuenta con el mayor número de población penitenciaria relacionada con delitos del fuero federal, con casi 350, en tanto que otros penales como el de Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria y Altamira albergan alrededor de 100 internos de este fuero cada uno.

En julio de 2009 se anunció la construcción de un penal federal, el cual se ubicaría en la carretera Victoria-Mante, en un terreno con una extensión de 556 hectáreas y 52 mil metros cuadrados de construcción, el cual albergaría mil 640 internos.

La inversión federal y estatal estimada en ese año fue de 640 millones de pesos, arrancando con 250 millones de pesos en una primera etapa que incluyó la construcción de un módulo de media readaptación, talleres, área deportiva y salón de usos múltiples.

Las obras del penal de alta seguridad que arrancaron durante la administración del gobernador Eugenio Hernández Flores se interrumpieron en 2010, el avance registrado era de apenas el 30 por ciento, el cual presentaba fallas estructurales; las siguientes administraciones estatales abandonaron la obra por falta de presupuesto.

García Cabeza de Vaca decidió retomar los trabajos del penal, iniciando la búsqueda de recursos, logrando que el Congreso del estado autorizara un empréstito de tres mil millones de pesos para diversas obras de seguridad, incluyendo mil 700 millones de pesos para sacar al Cedes de la mancha urbana a un lugar más amplio y seguro.

Para el nuevo penal se asignaron mil 700 millones de pesos, de los cuales, mil 200 correspondían a la obra civil y 500 millones para el equipamiento. El proyecto contemplaba otras obras, que podrían realizarse posteriormente.



(El Financiero)