La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la reforma aprobada para extender la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California es inconstitucional, pero dijo que se trata de su opinión como ministra en retiro, no como miembro del gabinete.

Sánchez Cordero dijo que como funcionaria debe respetar la autonomía de los poderes y la vía legal.

“Yo voy a respetar lo que hizo el Congreso aunque, en mi opinión como ministra en retiro, sí te puedo decir que en mi opinión, no como secretaria de Gobernación, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa de lo que decide un Congreso local, de la opinión de los partidos que van a interponer un recurso y por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte”, dijo.

Frente a los cuestionamientos surgidos frente a su silencio sobre el caso, Sánchez Cordero dijo que la instrucción del gobierno es que se respete el estado de derecho y que no puede involucrarse en la decisión que tomó un poder autónomo.

“No estamos acostumbrados a respetar el estado de derecho y yo lo estoy respetando a cabalidad y ¿por qué lo estoy respetando? Porque un Congreso local de un estado de la República expide una reforma constitucional, prácticamente en forma unánime en ejercicio de las atribuciones que tiene.

“Si esta reforma es o no constitucional o es inconstitucional, ya se han acercado a mí varios partidos políticos para informarme que van a interponer los recursos de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

“Estábamos acostumbrados a la intromisión en los congresos, en los partidos, en todas las instancias y en todos los poderes, por eso es mi respeto. No estoy omitiendo una declaración, estoy manifestando que ya cambió todo desde la Secretaría de Gobernación, con un respeto irrestricto a las instituciones y poderes del estado mexicano”.

Olga Sánchez Cordero dijo que varios presidentes de partidos políticos, entre ellos Claudia Ruiz Massieu del PRI, manifestaron su interés en interponer una acción de inconstitucionalidad e insistió en que como secretaria de Gobernación debe respetar esta vía legal que es “lo jurídico y políticamente correcto”.


(Milenio)