Para combatir la evasión fiscal y empresas fantasma el Senado busca discutir iniciativas para calificarlos como delitos de delincuencia organizada; sin embargo, no se puede llegar al extremo de colocar en incertidumbre jurídica a las empresas y contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En su mensaje semanal el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, indicó que las reformas que serán discutidas deben establecer claramente los candados que eviten estos delitos, sin embargo, resaltó que ésta debe ser sin incurrir en una legislación “desorbitantemente” punitiva que cree una mayor incertidumbre para el país.
“Para fortalecer nuestro sistema tributario, México requiere un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, sin que paguen justos por pecadores. Es prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales”, aseveró.
Expuso que las reformas planteadas amenazan a muchas empresas del país que sí cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente, por lo que indicó que preocupa que en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias confundiendo empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma debido a cuestiones operativas.
“Lo que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente. Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza. E incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extinción de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática”, afirmó.
De Hoyos señaló que estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder; “de esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial”.
Advirtió que debido a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser votada sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo. “Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre”.
“Hacemos un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a construir una legislación acorde con el país que queremos. Es momento de cerrar los espacios a una mala interpretación de la ley, con la que los buenos contribuyentes paguen las consecuencias”, resaltó el dirigente empresarial.
(Milenio)
