La denuncia que derivó en la prisión preventiva de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, fue presentada por las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción (MCC) y Tojil Estrategia Contra la Impunidad.
Gerardo Carrasco, director de litigio estratégico de MCC, y Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, explicaron en entrevista con Javier Risco cómo convirtieron la investigación periodística 'La Estafa Maestra' en una denuncia.
"Toda esta investigación y judicialización que se da del caso, deriva de la denuncia que presentamos tanto Mexicanos contra la Corrupción como Tojil. Tal cual, el número de carpeta de investigación que se abrió con motivo de nuestra denuncia fue la que motivó que esta investigación (judicial) se llevara a cabo de manera mucho más sería de lo que se venía siguiendo en el caso de 'La Estafa Maestra'", indicó Estefanía Medina.
"Trasladamos una investigación del ámbito periodístico al ámbito jurídico y eso no sólo se quedó ahí, tuvo un efecto real", agregó.
Al respecto, Gerardo Carrasco, director de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción, detalló que en la denuncia no sólo se menciona a Robles.
"En esta denuncia no señalamos un nombre en específico, sino la red de corrupción y exigimos que se castigue con todo el peso de la ley a quien resulte responsable", detalló Carrasco.
"Los desvíos están probados, la investigación periodística La Estafa Maestra parte de elementos objetivos de auditorías forenses por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La chamba de la Fiscalía únicamente es saber quienes cometieron los delitos", añadió.
La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, fue trasladada este martes al penal de Santa Martha Acatitla.
Un juez de control ordenó la prisión preventiva justificada a Robles Berlanga, tras vincularla a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, cometidos supuestamente cuando era titular de las secretarías mencionadas.
Robles estará en el penal por lo menos dos meses, en lo que se realiza la investigación complementaria.
El 8 de agosto, la Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.
Dicho quebranto se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de las que Robles estuvo a cargo con diversas universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.
Entre las irregularidades de estos convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes, y jamás se verificó que las instituciones tuvieran la capacidad técnica para realizar los mismos.
(El Financiero)
