Con 287 votos a favor, 117 en contra y 31 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó sustituir la denominación del Instituto de Administración de Bienes y Activos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se envió al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Con los votos a favor de Morena y sus aliados y el voto dividido y en abstención del PRI y el PVEM, se aprobó la reforma a diversas disposiciones entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Concursos Mercantiles.

Fue el coordinador de Morena, Mario Delgado, quien promovió la iniciativa que cumple con lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador de cambiar el nombre del Instituto de Administración de Bienes Activos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Durante su posicionamiento, el diputado Marcos Aguilar, a nombre de la bancada del PAN, señaló que esta reforma es una “traición legislativa” toda vez que el acuerdo en julio pasado para votar a favor la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio fue que no se llamaría Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, sino Instituto de Administración de Bienes y Activos

“Ustedes pagarán muy caro su cerrazón, arrogancia e ignorancia, con el marco actual en la materia, no habrá bienes que devolver al pueblo, cambien el nombre que quieran, usen su mayoría, el pueblo cada vez tendrá más claro que lo que ustedes representan es una simulación, ahora bien, si andan muy creativos y acomedidos de una vez y como lo propone el diputado, cambiemos el nombre del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, por el de Instituto para robarle al pueblo lo trabajado”, sostuvo.

El texto del dictamen señala que se buscó mejorar la administración y monetización de los recursos recuperados por el Estado en aras de que, finalizado un proceso establecido en Ley, éstos se traduzcan en la implementación de programas sociales o acciones que representen un beneficio, ya sea hacia la sociedad o para la Administración Pública Federal.

A nombre de la bancada del PRI, Dulce María Sauri, advirtió que esta reforma tiene implicaciones en la administración pública toda vez que el “Instituto de Administración de Bienes y Activos”, no sólo incauta, ni subasta bienes recuperados por robo, por lo que aprobar estas modificaciones significa que cada bien decomisado tendrá que venir acompañado de una denuncia penal.

“Si se trata de cambio de nombres más afines con el ingenio popular, podríamos en el corto plazo rebautizar algunas instituciones, por ejemplo, qué les parece sustituir la denominación de la Secretaría de Crédito Público, por la Secretaría cobrataria y al SAT, que tal si le llamamos instituto chupacabras de los contribuyentes y si en vez de Secretaría de Gobernación le llamamos Secretaría amor y paz… el dictamen que hoy se pretende aprobar es verdaderamente absurdo”, señaló la priista.

Al respecto, Martha Tagle, al fijar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, calificó de vergonzosa la aprobación del proyecto.

“Esta es una de las reformas de las cuales el Congreso de la Unión debería sentirse muy avergonzado, porque es una modificación total y absolutamente accesoria, innecesaria y lo que es peor, sólo se hace porque al presidente se le ha dado por llamar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, llamarlo “El instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, porque él dice que así se tiene que llamar aquí estamos en esta Cámara de Diputados simple y sencillamente cambiándole el nombre para satisfacer los intereses del titular del Ejecutivo”, sostuvo.

El dictamen destaca que el cambio de denominación busca generar efectos más allá de los de carácter administrativo, pues se pretende que los servidores públicos partícipes en el ente estén conscientes de la finalidad principal que tiene el organismo y la importancia que representa la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado.

(Milenio)