El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, aprobó su reforma de las pensiones contra la que se manifestaron más de un millón de personas el jueves, que empieza ahora el trámite parlamentario mientras se mantienen las protestas por la medida.

Pese al rechazo mayoritario de la opinión pública, el gobierno reiteró su apuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 el aumento de los años de cotización necesarios para cobrar una pensión completa (de 42 a 43).

“Las medidas de edad que adoptamos son las que nos permitirán equilibrar el sistema [de pensiones] en 2030”, defendió en conferencia de prensa el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, quien reconoció un desacuerdo en estos puntos con los sindicatos.

El pleno de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) comenzará a debatir el proyecto de ley a partir del 6 de febrero, antes de su llegada al Senado. Los partidos de izquierda y la oposición de extrema derecha ya anunciaron que votarán en contra.

Para aprobarlo, el oficialismo, que perdió su mayoría absoluta en junio, podría contar con el apoyo de Los Republicanos (LR, derecha), favorable a una reforma, o recurrir a dos polémicos mecanismos para intentar adoptarla sin someterla a votación.

“Deseo que el gobierno con los legisladores (...) puedan trabajar el texto y ajustarlo”, indicó el domingo el presidente liberal, quien llamó no obstante a avanzar ya que ya hubo cambios desde el retraso a los 65 años que propuso en campaña electoral.

Sobre las protestas, el gobierno francés lanzó una advertencia en dirección a los organizadores de las manifestaciones contra su reforma de pensiones, a la que se oponen de forma unánime todos los sindicatos, en un momento en que algunos piden endurecer las acciones, en particular con cortes de electricidad.

“No todo es aceptable”, subrayó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, en una comparecencia de prensa al término del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de reforma, cuando se le preguntó por esas amenazas de cortes de luz.

En una clara referencia a los mensajes lanzados por algunos representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en los últimos días han advertido de que podrían interrumpir la corriente a responsables políticos que apoyan la reforma, Dussopt dijo que algunas cosas de las que se habla no entran dentro de “una acción militante reivindicativa, sino que pueden ser delito”.

En declaraciones al canal BFMTV, el secretario general de la federación de energía y minas de la CGT, Sébastien Manesplier, que hace una semana había proferido ese tipo de amenazas, afirmó hoy que “la huelga está bien, pero no basta” y hacen falta “acciones que tengan impacto”.

Los sindicatos, que de forma conjunta organizaron una primera jornada de huelgas y manifestaciones el pasado jueves, que obtuvo una respuesta masiva con entre uno y dos millones de personas en la calle, han convocado una segunda para el 31 de enero. El Ejecutivo y el presidente, Emmanuel Macron, pretenden por su parte desplazar el debate hacia el Parlamento, donde la situación les resulta más favorable.

(El Universal)