La designación del panista Arturo Salinas como Gobernador Interino de Nuevo León del 2 de diciembre al 2 de junio y su toma de protesta adelantada, tras otorgarle licencia de seis meses a Samuel García, abrieron un nuevo frente de batalla jurídica entre el Gobierno emecista y el PRIAN.

Los cuestionamientos que iniciaron el miércoles con legisladores emecistas objetando la legalidad del proceso y la elegibilidad de Salinas, ahora presidente con licencia del Poder Judicial, arreciaron ayer jueves en el Palacio de Gobierno y en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, mientras panistas y priistas defendieron el proceso.

Y todo indica que el Ejecutivo estatal y el Legislativo local se enfrascarán en otra pugna jurídica.




(REFORMA)