“El compromiso de modernidad en el Poder Judicial, que se ha establecido con las reformas constitucionales, es un avance democrático, eficiente y que responde a las expectativas de una impartición de justicia más pronta, expedita y transparente”, afirmó el Licenciado José Alfredo Beltrán, primer vicepresidente
de la CONCAAM.

“La reforma Constitucional aprobada por el Congreso del Estado y que seguramente será ratificada por los 67 Ayuntamientos, constituye un nivel superior de desarrollo en la vida interna del Poder Judicial, porque entre otras cosas, reconoce la importancia, capacidad y profesionalismo de los litigantes del Foro Jurídico, los académicos e investigadores, al establecer que las ternas para elegir a magistrados, sea una para integrantes del Poder Judicial y otra para litigantes y abogados externos”.

El Licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, destacó que “Chihuahua una vez más se coloca a la cabeza de las reformas trascendentales en materia de
administración de justicia, al establecer las bases para renovar a un poder Judicial que tenía la necesidad de adecuarse a una exigencia, cada vez más
fuerte de la sociedad, por contar con un Sistema de Impartición de Justicia moderno, con mayor democracia, más eficiente y con mayor apertura.

Sobre la inamovilidad de los magistrados y la duración de 15 años en el cargo, Fierro Beltrán, señaló como un acierto el que se haya definido tanto el tiempo
de 3 lustros de manera ininterrumpida, porque cumple con la finalidad de asegurar la independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su función y además brinda la certeza de que no van a ser removidos arbitrariamente de sus cargos.

“Una de las demandas más sentidas de la sociedad es siempre el renglón de la aplicación de justicia; seguir combatiendo la impunidad, el retraso en las sentencias y los procedimientos anacrónicos en algunas ramas del derecho, que seguramente con la entrada en vigor de las reformas que establecen
la oralidad en los juicios civiles y familiares, podrán superarse, y que ahora son los pendientes a resolver, pero de manera conjunta, tanto autoridades y organizaciones gremiales de abogados, porque el imperativo democrático actual, exige una responsabilidad compartida entre los integrantes del Foro Jurídico, académicos, investigadores y las autoridades judiciales.