Como políticas, así son las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado al gobernador de la entidad por el abogado Jaime García Chávez que alrededor de 40 senadores siguieron y solicitaron al Senado una investigación sobre los bienes de César Duarte Jáquez, que al respecto afirmó que se trataba de algo electoral.

La acusación se convirtió en una denuncia ante la PGR y se formó una asociación en la que además del abogado están empresarios y el ex gobernador Francisco Barrio por ejemplo, que exige se aclaren el fideicomiso del gobernador y su esposa que lo convirtió en accionista del 15 por ciento de Unión Progresa, que está en proceso de si lo autorizan como banco, así como la inversión de 88 mil millones de pesos por parte de la secretaría de Hacienda.

Duarte afirmó que su postura era que estaba abierto, “estoy a disposición de las autoridades, no tengo nada que esconder”, un día antes había señalado en el Consejo Político del PRI que “sólo a un retrasado mental se le ocurre que yo pude hacer eso”.

Dijo además que había “actores” políticos que no abonaban “por el bien de Chihuahua, que buscan pretextos y generar confusión en la sociedad para distraer de los avances que tiene la sociedad, no nada más el gobierno”.

Que era electoral dijo también, “y bueno, también vivimos tiempos electorales, hay que entenderlo”, y en ese sentido dijo que debía resolverse lo político en lo político y lo jurídico en lo jurídico, “y yo estoy listo para todas”, añadió que como gobernador no podía “distraerse” en esos asuntos políticos, que ya lo habían señalado antes “y al final de cuentas no pasa nada”.