Al tiempo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará destrabar la iniciativa de seguridad y justicia que el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso a finales de 2014, consideraron analistas.

a propuesta de Paquete Económico, con la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los Criterios de Política Económica, debe ser entregada por el gobierno a más tardar el próximo martes 8 de septiembre.

La ley debe quedar aprobada en la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por el Senado el 31 del mismo mes, mientras el presupuesto solamente corresponde a la Cámara de Diputados y debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre.

Para el consultor parlamentario Fernando Dworak, tanto los plazos, como el que los partidos analicen modificar la reforma fiscal avalada en 2013 y el que el gobierno haya advertido que habrá recortes presupuestales ante la baja de los precios del petróleo, tensarán la discusión del tema.

"La negociación va a ser muy tortuosa", dijo Dworak a CNNMéxico, y consideró que si bien, el PRI y sus aliados tradicionales —Verde y Nueva Alianza— contarán con una mayoría simple de 261 de 500 diputados, tendrán que buscar el apoyo de más partidos para conseguir un Paquete Económico aprobado por consenso.

Francisco Burgoa, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas parlamentarios y constitucionales, coincidió en que el bloque PRI-PVEM-Panal daría una "mala señal" si aprueba el Paquete Económico por sí solo.

Tanto los diputados como los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza en las cámaras, fijaron como una de sus prioridades revertir la reforma fiscal de 2013. Entre otras cosas, buscan bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera de 16% a 11%, aumentar los conceptos por los que se puede deducir impuestos y reducir el gasto público, para lo que ya negocian con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La atorada reforma en seguridad

Burgoa también consideró que los priistas buscarán destrabar la iniciativa de Peña Nieto en seguridad y justicia.

"La seguridad está en el interés del gobierno", dijo el académico a CNNMéxico.

Apenas el jueves, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a las bancadas del PRI y del PVEM en el Senado, donde está la iniciativa, a redoblar esfuerzos para sacar adelante la propuesta.

"Tenemos que asegurar sin duda la no repetición de estos actos (casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán), y para ello se requieren reformas y para ello se requieren acciones", dijo el funcionario.

La reforma plantea, entre otros puntos, disolver las policías municipales para establecer policías estatales de mando único, así como permitir la desaparición de instituciones municipales si las infiltra el crimen organizado. Estas propuestas, han causado polémica y división entre los partidos de oposición, lo que ha impedido que la iniciativa presidencial avance.

Sin embargo, los legisladores priistas tienen estos asuntos en el primer lugar de sus prioridades, seguido de otros relacionados con derechos humanos como la ley contra las desapariciones forzadas. La aprobación de dicha norma es una demanda de asociaciones civiles, misma que aumentó, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El resto de la agenda, ¿relegado?

A juicio de Dworak, tanto las tensiones que generará la discusión del Paquete Económico como la atención que el PRI y sus aliados pondrán al tema de la seguridad complicará que se debatan otros asuntos pendientes.

"Cualquier tema importante va a requerir mucha presión de parte de grupos organizados para salir adelante", dijo el analista, en referencia a temas como las leyes secundarias en transparencia y en combate a la corrupción, que ambas cámaras están obligadas a discutir en los próximos meses, según los plazos fijados en esas dos reformas constitucionales.

Para las leyes en combate a la corrupción, por ejemplo, la fecha límite para que estén aprobadas es mayo de 2016. Sin embargo, el PAN y el PRD, las principales fuerzas de la oposición, han llamado a apresurar la elaboración de dichas normas para que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción pueda funcionar lo antes posible. Incluso, los senadores del PAN ya dieron a conocer sus iniciativas en la materia.

Como Dworak, Burgoa también advirtió del riesgo de que estas leyes queden "relegadas", al igual que otros pendientes con menor atención pública. Como ejemplo, mencionó la ley de la Fiscalía General de la República y otras normas necesarias para la reforma de justicia penal.

Además de estos temas, otros que están en la lista de primeras tareas de la 63 Legislatura —que terminará en agosto de 2018— son la Ley de Aguas, la Reforma Política del DF, pendiente en la Cámara de Diputados, y los nombramientos de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del fiscal especializado en combate a la corrupción, correspondientes al Senado.





(Expansión)