Tras el asesinato de un joven negro por un agente blanco, con el fin de forzar a las autoridades locales a emprender reformas policiales y judiciales.

"Los residentes de Ferguson han sufrido la privación de sus derechos constitucionales, los derechos garantizados a todos los estadounidenses, durante décadas", dijo la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, en una conferencia de prensa.

En agosto de 2014, el joven negro Michael Brown murió a manos de un agente blanco que luego fue exonerado de todos los cargos, un episodio que generó disturbios en esa localidad del medio oeste de EE.UU. y fue el germen del movimiento "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan"), que pronto se extendió por todo el país.

Tras ese suceso, la división de derechos civiles del Departamento de Justicia inició una investigación sobre las prácticas policiales de Ferguson, y hace un año publicó un informe muy crítico.

"Las violaciones del Departamento de Policía de Ferguson eran amplias y deliberadas. Violaban la cuarta enmienda (de la Constitución) al parar a gente sin sospechas razonables, arrestarlos sin causas y utilizar la fuerza de forma irracional", afirmó Lynch.

"Estas violaciones no solo eran indignantes, eran rutinarias. El ayuntamiento las alentaba con el fin de lograr ingresos. Estaban motivadas, al menos en parte, por el sesgo racial y ocurrían de forma desproporcionada contra residentes afroamericanos. Y eran profunda y fundamentalmente anticonstitucionales", agregó.

La titular de Justicia explicó que, tras publicar ese informe, su departamento inició "negociaciones con la ciudad de Ferguson para lograr un acuerdo extrajudicial verificable por una corte que generara una necesaria reforma policial y de los tribunales".

Pero, tras 26 semanas de "duras negociaciones", el consejo municipal de Ferguson rechazó este martes el acuerdo "aprobado por sus propios negociadores", por lo que el Departamento de Justicia decidió hoy presentar la demanda contra la ciudad ante un tribunal federal, sostuvo Lynch.

a demanda "alega una pauta o una práctica de conducta de las fuerzas de seguridad que violan la primera, cuarta y decimocuarta enmiendas de la Constitución y las leyes federales de derechos civiles", según la fiscal general.

"Pretendemos impulsar este caso de forma enérgica y no tengo ninguna duda de que prevaleceremos", añadió Lynch.

Antes de que el Departamento de Justicia anunciara la demanda, el alcalde de Ferguson, James Knowles, dijo que el consejo municipal quería seguir negociando con las autoridades federales y que estaban preocupados por el alto coste de las reformas policiales, dado que la ciudad acumula una deuda de alrededor de 2,8 millones de dólares.

"Si fracasamos en esto, no le hace bien a nadie", afirmó Knowles en una conferencia de prensa.

Pero Lynch subrayó que los residentes de Ferguson no pueden esperar más para que su ayuntamiento "adopte un acuerdo que proteja sus derechos y les mantenga seguros".

"Han esperado décadas para que se haga justicia. No se les debería forzar a esperar más", subrayó la fiscal general.



(EFE)