Representantes del sector empresarial se reunieron la noche de este martes con el Presidente Enrique Peña Nieto para externarle sus inquietudes sobre la Ley 3 de 3, que los obliga a realizar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el Ejecutivo subrayó que el veto al contenido de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es uno de los instrumentos que tiene el Presidente “y sabemos que lo está valorando y confiamos en que tomará la mejor decisión después de escucharnos”.

“El Presidente fue muy sensible a escucharnos. De hecho, nos invitó, quería escuchar y nos dijo que él está valorando, desde su perspectiva, en sus atribuciones la mejor acción que quiere tomarla para darle viabilidad al sistema, es decir, que el sistema opere”.

Enfatizó que los empresarios explicaron y compartieron a Peña Nieto sus acciones, preocupaciones y su compromiso en torno al combate a la corrupción.

“Hemos ponderado los logros que se han alcanzado al darle figura adecuada a la Fiscalía Especializada, reforzar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), los juzgados especializados y reforzar a la Auditoría Superior de la Federación, todo en un marco ciudadanizado”, dijo.

Castañón subrayó que se deben afinar algunos detalles para que el sistema sea operable y pueda funcionar adecuadamente y cumpla con lo que está en el espíritu de la reforma constitucional.

“Los empresarios estamos conscientes en que para que el combate a la corrupción funcione tiene que sancionarse en el mismo nivel de gravedad tanto a la empresa o al empresario como al funcionario que tienen una igual responsabilidad en actos de corrupción”, dijo.

La promulgación de las leyes secundarias del SNA, prevista para este miércoles, fue cancelada “hasta nuevo aviso” por la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública.

Legisladores dijeron que una de las razones por las que se pospuso es por la posibilidad de que el Presidente ejerza su facultad de veto para el inciso C del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En ese artículo se obliga a las personas físicas y morales a presentar su declaración patrimonial, de interés y fiscal, en casos de recibir recursos públicos o celebrar contratos con los entes de los tres niveles de Gobierno.

La propuesta no estaba en los dictámenes que se discutieron en el Senado como parte de la construcción del SNA. El pasado 14 de junio, durante la discusión, el senador independiente Manuel Cárdenas presentó esa propuesta que fue apoyada por todas las bancadas.













(Informador)