El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva atribuyó un "carácter político" a la denuncia presentada contra él por la Policía Federal por cargos de corrupción, lavado de dinero y falsificación.
La acusación, que también se extiende a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, le imputa a Lula haber ocultado la compra de un apartamento de lujo en la playa, que está a nombre de la constructora OAS, una de las implicadas en el caso de corrupción que gira en torno a la petrolera Petrobras.
Los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, por medio de un comunicado calificaron la denuncia como una "obra de ficción" que "tiene carácter y connotación políticos".
Según los abogados, el comisario Marcio Adriano Anselmo, responsable de la denuncia, "tiene un histórico de ofensas" a Lula en las redes sociales y ha mostrado "simpatía" por opciones políticas "antagónicas" al expresidente.
"No se puede aceptar como coincidencia el hecho de que el informe se presente en medio del juicio político de la presidenta de la República electa con el apoyo de Lula", agrega la nota, en alusión al proceso que persigue la destitución de Dilma Rousseff, que previsiblemente concluirá la semana que viene.
Los abogados también alegaron que el informe policial "no tiene respaldo jurídico"; no se basa en hechos y tampoco contiene "ningún elemento" que pueda contestar la "realidad jurídica" de que el apartamento está a nombre de OAS.
Según la versión de los abogados, Lula pagó la cuota inicial del apartamento de tres pisos, que está ubicado en el municipio de Guarujá (Sao Paulo), pero luego cambió de opinión y pidió que le devolvieran el dinero.
La Policía Federal atribuye la propiedad de ese inmueble a Lula y, en su informe, afirma que la constructora gastó 1.1 millones de reales (unos 333,000 dólares) para reformar y amueblar el apartamento.
Además, según el informe, OAS habría pagado 1.3 millones de reales (unos 393.940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.
Las pruebas presentadas por la Policía Federal tendrán que ser analizadas ahora por la Fiscalía, que tiene un plazo de 90 días para decidir si le pide o no a la Justicia que abra un proceso contra Lula y los otros acusados.
Esta es la primera vez que Lula es acusado formalmente en una de las tres causas en que es investigado por los supuestos beneficios que recibió de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en Petrobras.
El exmandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en Atibaia (Sao Paulo) cuyas reformas fueron costeadas por las constructoras OAS y Odebrecht, y por las donaciones que el Instituto Lula recibió de empresas asociadas al escándalo de Petrobras.
(Noticieros Televisa)
