El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó al Estado Mexicano crear una oficina especializada de alto nivel en la Procuraduría General de la República (PGR) para asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos -incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas- sean investigadas y sancionadas adecuadamente.

Zeid Ra’ad Al Hussein publicó un conjunto de recomendaciones para México, después de haber recibido formalmente la respuesta escrita del Estado mexicano a las mismas, a propósito de la visita oficial que el funcionario internacional realizara al país en octubre del 2015.

El especialista en derechos humanos abunda en que dicha oficina debería estar dirigida por un reconocido experto en Derechos Humanos y combate a la impunidad. Con ello, contribuir con las unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

“Esta oficina deberá tener recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y efectiva”, puntualiza Zeid Ra’ad Al Hussein.

Al respecto, el gobierno federal coincidió con dicha recomendación y respondió que por ello el Ministerio Público Federal cuenta con una Subprocuraduría de Derechos Humanos, que a su vez tiene Fiscalías y Unidades Especializadas.

Asimismo, cuenta con una Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Dicha oficina ya ha concentrado todas las investigaciones que anteriormente estaban radicadas en diversas instancias de la PGR.

A su vez, Zeid Ra’ad Al Hussein recomendó reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares.

“Las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”, se lee en el documento redactado por el Alto Comisionado.

Sobre este punto, el gobierno mexicano puntualizó que la reforma del 2014 al Código de Justicia Militar está en proceso de implementación y no es factible considerar mayores modificaciones.

El funcionario de la ONU recomendó que en el país sean adoptadas las leyes generales sobre tortura y desapariciones, según los estándares internacionales de derechos humanos.














(El Economista)