Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario, ha alertado sobre un incremento del 3% en la población carcelaria, atribuido principalmente a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Esta medida, según lo establece el artículo 19 de la Constitución, obliga a los jueces a imponer la prisión preventiva de manera automática en casos de delitos graves, incluyendo homicidio doloso, violación y delincuencia organizada. En sus declaraciones, Fernández Acosta destacó que el aumento ha obligado a las cárceles a recibir un mayor número de detenidos, aunque se llegó a un acuerdo con la Fiscalía para limitar las admisiones únicamente a aquellos con una orden de aprehensión emitida por un juez.

A pesar de esta regulación, el impacto de la prisión preventiva sigue siendo significativo, ya que se estima que la población de los Ceresos ha aumentado, lo cual genera presión sobre las instalaciones y recursos. La aplicación automática de esta medida busca garantizar que los acusados no eludan la justicia ni continúen delinquiendo mientras su proceso judicial está en curso, exacerbando así la crisis de espacios en los centros penitenciarios.