El estado de Texas se prepara para reforzar su política antimigrante con el proyecto de Ley Senatorial Ocho, el cual obligará a la mayoría de los alguaciles a firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Esto les permitirá cuestionar el estatus migratorio de personas detenidas.


La ley fue aprobada por la mayoría republicana en la legislatura y se espera que sea firmada por el gobernador Greg Abbott.

Organizaciones defensoras de derechos civiles advierten que esta medida fomentará la discriminación racial, restará recursos a la seguridad pública y afectará la confianza de las comunidades migrantes.


-EFE-