La diputada local Brenda Ríos, respaldada por los ex legisladores Marco Quezada y Miguel La Torre, denunció que el laboratorio clínico Dx-Laboratorio fue beneficiado con un contrato público pese a operar de forma presuntamente irregular.

Según revelaron, la empresa OM.I3 Agencia Creativa, originalmente dedicada a publicidad, cambió su giro a servicios de laboratorio clínico en septiembre de 2024. Ese mismo día, fue vendida a dos nuevas socias sin experiencia en el sector salud: Marcela Bonilla y Marlisse Díaz, ambas ligadas previamente a contratos de limpieza gubernamentales.

Unos meses después, la empresa capitalizó 3.5 millones de pesos, justo el monto exigido en una convocatoria lanzada en enero de 2025, que según la diputada Ríos, tampoco cumplió con requisitos clave como experiencia previa, licencias sanitarias y acreditación de servicios anteriores.

Además, señalaron que el laboratorio carece de infraestructura propia y subroga la mayoría de sus análisis a terceros, principalmente al Laboratorio Palmore.

Ríos advirtió que el caso es “una simulación empresarial” que debe ser investigada por órganos de control, al tratarse de un posible uso indebido de recursos públicos y un ejemplo de cómo los contratos públicos pueden estar siendo otorgados de forma opaca.