Un grupo de afectados por el presunto fraude cometido por la financiera Aras se manifestó nuevamente a las afueras de Palacio de Gobierno, bloqueando los accesos de las calles Libertad y Aldama. Con pancartas y consignas, exigieron al Poder Ejecutivo que intervenga de manera inmediata en un proceso que —aseguran— ha quedado estancado desde 2022.

Felipe Acosta, representante legal de los manifestantes, declaró que la reciente reunión con el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, no arrojó resultados concretos. Señaló que, pese a los compromisos asumidos por la Fiscalía de cubrir los daños mediante la adjudicación de bienes inmuebles, este mecanismo no se ha materializado. Los afectados retiraron un amparo, confiando en que se procedería con las garantías ofrecidas, pero hasta ahora —afirmaron— no han visto avances.

Por su parte, Mariano Cordero Burciaga, vocero legal de las víctimas, acusó que las distintas instancias competentes han prolongado deliberadamente la resolución del caso. “Lo único que estamos recibiendo son largas y excusas; mientras tanto, los responsables permanecen sin rendir cuentas”, advirtió.