“La transparencia tiene un principio básico y es que la información pública le pertenece a la gente, no al gobierno, pero parece que el gobierno y sus representantes se han arrogado la propiedad de manera inadecuada, en una concepción absurda donde se sitúa al gobierno por encima de la gente y eso no es así”.

Así lo señaló la diputada federal, Lilia Aguilar Gil durante la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Ley General de Transparencia y aseguró que está hecha bajo el concepto erróneo de la pertenencia de la información del gobierno que no existe.

En su participación, indicó que durante el proceso de dictaminación que se llevó a cabo en el Senado, se recibieron 80 observaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República con “absurdos” como el que se sancionaran a los organismos garantes cuando dieran información que al gobierno no le convenía.

“Había otras barbaridades como decir que solamente se podía abrir información en materia de derechos humanos cuando hubiese una resolución previa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Suprema Corte de Justicia o de organismos internacionales. Es decir, que casos tan icónicos como el de Tlatlaya o el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no podrían ni siquiera ser recamados. Eso pedía la Consejería Jurídica al Senado”, explicó.

La legisladora federal señaló que entre una de las mayores fallas de esta Ley es el control político del nombramiento de los integrantes del IFAI, es decir, serán cuotas de los principales partidos políticos.

“La oposición responsable reconoce los avances, pero también necesita y así lo hacemos, hacer un voto de conciencia y señalar lo negativo. En el PT estamos a favor de la transparencia y creemos que es nuestra responsabilidad como legisladores legislar a fondo y adecuadamente. El viejo pretexto que se ha repetido en esta tribuna dos años y medio de que todo es perfectible, nos deja muy mal parados”, finalizó.